20 de Octubre de 2018

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Crean plan de revisión a finanzas del gobierno de Borge

Se enfocarán en los aspectos más relevantes en donde pudo haber ocurrido el desfalco.

Rafael del Pozo Dergal, titular de la Secretaría de la Función Pública, comentó que la afectación al estado podría alcanzar más de cinco mil millones de pesos. (Adrián Barreto/SIPSE)
Rafael del Pozo Dergal, titular de la Secretaría de la Función Pública, comentó que la afectación al estado podría alcanzar más de cinco mil millones de pesos. (Adrián Barreto/SIPSE)
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Adrián Barreto/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Secretaría de la Función Pública hará un nuevo calendario para la aplicación de auditorías y concentrar, junto con autoridades en la materia federales y de otros estados, los esfuerzos en la revisión de la pasada administración y tener mayores dividendos para fincar responsabilidades por malos manejos de recursos que alcanza una afectación de una cuarta parte del presupuesto anual de Quintana Roo.

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Rafael del Pozo Dergal, titular de esa dependencia, dijo que dada la magnitud de aspectos y programas que tienen que revisar, además de la realización de las auditorías a nivel local, a través de la Comisión Permanente de Contralores de Estados y Federación, se definió que cada estado se enfocará en los aspectos más relevantes donde se pudieron generar desfalcos al erario.

“Me toca ser el coordinador regional sureste de la Comisión Permanente de Contralores. Aquí nos centramos en los convenios de las auditorías de cada estado para no duplicar el trabajo y sí generar guías que permitan corregir prácticas y sobre todo compartir los procesos de solventación que han sido de los más observados”, explicó.

De acuerdo a los cálculos de las autoridades estatales, la afectación al erario quintarroense podría alcanzar “más de 5 mil millones de pesos”, que representan prácticamente un 25% del presupuesto que se tiene en un año el estado.

Del Pozo Dergal indicó que tanto la Función Pública como la Auditoría Superior del Estado se empeñan en comprobar el uso irregular de los recursos, especialmente los federales, pues de lo contrario la federación podría solicitar su reintegro, “y es un lujo que no podemos darnos”.

“Hemos podido integrar expedientes y se han otorgados ya suficientes elementos para que la federación y el estado procedan en contra de ex servidores públicos de la pasada administración tanto en el ámbito federal como local”, agregó.

Además de las denuncias ya interpuestas y que se enfocan en dependencias como Seduvi, Sedaru, Sintra y Sefiplan y que han generado una veintena de expedientes, están en proceso otras investigaciones que se aplican al programa Basura por Alimentos, a la OVC y al Registro Público de la Propiedad, y que podrían generar nuevas denuncias.

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