Las irregularidades en el manejo y destino de los recursos económicos federales fue una constante durante la administración de Carlos Joaquín González. Él y sus funcionarios gastaron 943.9 millones de pesos de dinero federal que hasta la fecha no se ha aclarado el destino.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene en seguimiento 80 procedimientos de aclaración contra Quintana Roo, que datan desde la cuenta pública 2012. 58 de esos procedimientos son en contra del gobierno que encabezó el ahora aspirante a embajador.

La mayor cantidad de irregularidades detectadas, y que no pudo solventar, ocurrieron durante el primer año completo de su administración (2017), con 364.4 millones de pesos pendientes.

“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 290,462,154.44 pesos (doscientos noventa millones cuatrocientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y cuatro pesos 44/100 m.n. ), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2017, ya que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no comprobó el destino y aplicación de los recursos”, estableció la ASF y que hasta el 30 de octubre de este año seguía pendiente de comprobación según el Sistema de Auditorías.

Se trata del monto más alto de ese año y que de acuerdo con el informe identificado con el número 1264, la administración de Carlos Joaquín “de plano” no demostró qué pasó con ese dinero.

Los recursos entraron a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que encabezó en su momento, Yohanet Torres Muñoz, actual diputada del Partido Verde Ecologista de México.

A los malos manejos de 2017 se suman 256.3 millones de pesos adicionales, de 2018, que tampoco pudo aclarar.

La observación más grande de ese año es de 177.9 millones de pesos. El dinero debió ser para tres obras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado: un estudio geohidrológico para determinar una nueva zona de captación para Chetumal; la tercera etapa del sistema de drenaje sanitario de la Comonfort, y la sustitución de tuberías del sector Insurgentes.

En 2019, se sumaron otros 301.1 millones de pesos a las irregularidades. En este caso, casi en su totalidad fue porque el gobierno de Carlos Joaquín utilizó dinero federal de más para pagar las deudas de él y Roberto Borge Angulo.

Según los informes de auditoría tenía la autorización de usar únicamente mil 37 millones de pesos, pero al final decidió desviar a ese rubro mil 311 millones de pesos.

En 2020, el año de la pandemia, hubo irregularidades millonarias sobre todo por la contratación de empresas sin experiencia con el pretexto del Covid-19, sin embargo, al final se determinó sancionar a funcionarios menores, a través procedimientos administrativos, con lo que se dio por atendidas las observaciones. Aunque siguen pendientes 2.1 millones de pesos.

Equipamiento policial, el daño colateral en 2020 y 2021

En sus últimos años de gobierno, 2020 y 2021, el gobierno de Carlos Joaquín González complicó más las tareas de los cuerpos de seguridad, a pesar del crecimiento en la incidencia delictiva.

Aunque de las irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la Federación quedan pocos pendientes, por 2.1 millones y 20 millones de pesos, respectivamente, la totalidad corresponde a la adquisición de armamento para los policías.

Los informes de auditorías, realizadas al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, revelan que a pesar de que se compraron y pagaron armas, esas no llegaron a manos de los agentes.

En 2020 por ejemplo, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se pagaron 2.1 millones pesos para la adquisición de 6.7 millares de cartuchos, 475 granadas, 70 cargadores para pistola y 100 pistolas semiautomáticas.

Sin embargo, hasta su salida del gobierno, Carlos Joaquín González no logró demostrar a la ASF que hayan sido entregados a los elementos policiales para su uso.

“(son) dos millones ciento treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 56/100 M.N.), por concepto de armamento y municiones correspondientes a la cotización número SIDCAM-GOB-065/2020 que no fueron entregados en el estado y, de este, a los elementos policiales para su uso”, señala el documento.

En 2021, esta situación se volvió a repetir, primero en armamento para la Fiscalía General del Estado por 5.4 millones de pesos y también para policías preventivos por 14.6 millones de pesos. Las compras fueron pagadas, pero no se demostró que se hayan entregado a los agentes.