Un año después de las primeras denuncias y comparecencias de ex funcionarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo, involucrados en la desaparición de unos mil 500 millones de pesos que se hicieron agua en las arcas de esa dependencia, el lento brazo de la justicia estatal empezó a movilizarse con la detención de la ex directora de recursos financieros, Ana Rivera Galera, y la emisión de una orden de aprehensión contra Paula González Cetina, ex titular de la paraestatal.

El desvío de recursos detectado en la CAPA fue uno de los más escandalosos debido al monto del dinero perdido, pues se esfumaron sin dejar rastro mil 080 millones de pesos que pagó la empresa Aguakán por extender su concesión al municipio de Solidaridad, y unos 500 millones por créditos para “obra pública” que nunca se realizó. 

La mayor parte de estas irregularidades ocurrió durante la gestión de Paula González como directora, razón por la que fue citada por la Fiscalía General, pero al no acudir al llamado se lanzó una orden de aprehensión, por lo que la ex funcionaria ahora está en calidad de prófuga. 

Según fuentes cercanas a su familia, Paula González se habría dado a la fuga desde que se enteró que estaba en la mira de las autoridades estatales. 

Como parte de la misma investigación, la Fiscalía detuvo este martes a la ex directora de Recursos Financieros, Ana Alicia Rivera Galera, acusada de peculado. 

Pero esta detención de bajo perfil –se trata de una ex funcionaria menor dentro de la estructura gubernamental– tiene la intención de empezar a deshilar la madeja para encontrar la ruta que siguió el dinero desaparecido.

Y sobre eso Rivera Galera tendrá mucho que decir, aunque los mismos encargados de la investigación saben que todos los caminos de lo robado conducen a la Sefiplan y a Juan Pablo Guillermo Molina, quien continúa en libertad. 

El caso está abierto y en proceso, y no se descarta que haya más detenciones de ex funcionarios, ya que además de Paula González Cetina también estuvo involucrado el último ex director de la dependencia, Gustavo Guerrero Ortiz, a quien en su comparecencia en el Congreso local los diputados le recomendaron que se hiciera de los servicios de un buen abogado por las irregularidades detectadas de las que fue cómplice. 

El brazo de la justicia ha llegado a las aguas malolientes de la CAPA, otro tumor del corrupto gobierno de Roberto Borge, preso en Panamá.