Cediendo a la inmensa presión ejercida por las poderosas agrupaciones de taxistas en la entidad, los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) revocaron de forma temporal el acuerdo por el cual el Instituto Electoral local (Ieqroo) aprobó la realización de una consulta pública en Cancún sobre el espinoso tema de las plataformas digitales de transporte como Uber el mismo día de la jornada electoral.

Desde que el gobierno estatal lanzó la propuesta de poner a consideración de los ciudadanos la entrada o no de operaciones de empresas como Uber y Cabify en Cancún, los 17 sindicatos de taxistas y transporte foráneo de la entidad presentaron una airada oposición al ejercicio democrático aprobado por el Ieqroo, por lo que recurrieron al Teqroo para presentar su inconformidad y pedir la suspensión de la consulta.

El Teqroo programó la sesión para resolver este juicio para el pasado jueves 10 de mayo, pero la sesión no se llevó a cabo y fue pospuesta de última hora debido a una nutrida manifestación de trabajadores de volante que se manifestaron con pancartas y mantas en la sede del Tribunal para presionar a los magistrados.

Finalmente estos retomaron el asunto hasta este martes 15 de mayo con una resolución que, si bien no es definitiva, los taxistas la tomaron como una victoria porque la consulta pública quedó en suspenso y probablemente no pueda ser realizada el próximo 1 de julio, ya que los tiempos estarán muy próximos.

El Teqroo jugó a la segura. Descartó los principales reclamos de los taxistas, como el alto costo para llevar a cabo el ejercicio y la suposición de que realizar la consulta el mismo día de las elecciones locales y federales podría favorecer o perjudicar a ciertos candidatos, pero al mismo tiempo argumentó que el Ieqroo no ofreció en el acuerdo suficientes elementos para justificar la “trascendencia” de dicha consulta, argumento maleable con el que dejó sin efecto el acuerdo de aprobación y remitió el documento de nueva cuenta al organismo electoral para que suplan ese requisito.

Mientras tanto, la consulta pública quedó atorada y no se sabe si podrá celebrarse en la fecha prevista, ya que ambos entes electorales no tienen un término para rehacer el acuerdo y emitir una nueva sentencia, pero en el mejor de los casos dicho proceso tardaría unas dos semanas, dejando un margen de menos de 30 días para organizar la logística del ejercicio y todo lo que implica. Misión casi imposible.