Por dejar sus pendientes para última hora, los diputados locales están metidos en un problemón con la designación de los magistrados del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa que se estrenará como parte de los organismos del Sistema Estatal Anticorrupción a partir de 2018, pues tienen que desahogar 71 entrevistas, analizar expedientes, seleccionar a los candidatos y aprobar sus nombramientos en menos de una semana. 

Por lo visto, los legisladores integrantes de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos no previeron que al lanzar una convocatoria abierta para ocupar las cinco magistraturas disponibles recibirían un alud de solicitudes, rompiendo récord en esta ocasión con 75 aspirantes. 

Al final solo quedaron 71 aspirantes en pie, que sigue siendo una cifra escandalosa, obligando a la comisión encargada del proceso a improvisar entrevistas “exprés” de máximo 10 minutos para poder interrogar a todos los candidatos en cuatro días. 

Y es que la presidenta de esta comisión, la diputada panista Mayuli Martínez Simón, anticipó que pretenden nombrar a los nuevos magistrados en la última sesión del actual periodo ordinario que concluye el próximo viernes.

Pero en la precipitación está el riesgo, ya que algunos de los aspirantes temen que los diputados tomen una decisión acelerada pensando ya en sus vacaciones decembrinas, en lugar de profundizar en la selección de los mejores perfiles. 

¡Y vaya si tienen razón! Porque la lista de candidatos está inundada de funcionarios estatales, empleados del propio poder legislativo, miembros de órganos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto Electoral de Quintana Roo, ex magistrados, entre otros. 

La amplia fauna de aspirantes, muchos de ellos con claras relaciones con el poder gubernamental, exige de los diputados la mayor concentración para dar legitimidad al nacimiento del Tribunal de Justicia Administrativa y evitar que ocurran las pifias de los últimos procesos de selección de la Fiscal Anticorrupción y en el Órgano de Control Interno de la Fiscalía estatal. 

Porque la credibilidad del Congreso quedó muy dañada por esas decisiones cuestionables, y ahora tienen la oportunidad de corregir el camino si evitan caer en la tentación de crear un Tribunal al vapor con magistrados ungidos con precipitación.