Impunidad en la Sedaru

Rebautizada en el gobierno del cambio como Sedaru porque extirparon la palabra indígena de las siglas.

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A los ex titulares y altos mandos de la extinta Secretaría de Desarrollo Agrícola, Rural e Indígena (Sedari) –rebautizada en el gobierno del cambio como Sedaru porque extirparon la palabra indígena de las siglas– no los ha alcanzado el perezoso brazo de la justicia, pese a que la Auditoría Superior del Estado ha confirmado el desvío de 3 mil 200 millones de pesos, el desfalco más grande encontrado en una secretaría del periodo borgista. 

Los mil millones de pesos derrochados en supuestos vuelos a través de la empresa paraestatal VIP Saesa, o los mil 500 millones desaparecidos de las arcas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) palidecen ante el escandaloso robo de recursos destinados a fortalecer la producción agrícola que nunca llegaron a manos de los campesinos. 

Pero mientras el ex titular de VIP Saesa, Carlos Gutiérrez Acosta, permanece en prisión enjuiciado por las irregularidades detectadas en la empresa, y en la CAPA hay investigaciones abiertas contra sus ex titulares, Paula González Cetina y Gustavo Guerrero Ortiz, y una detención de la ex directora de  recursos financieros, Ana Rivera Galera, los perpetradores del masivo desfalco en la Sedaru duermen como bebés de cuna. 

Aunque no se han salvado de la quema pública, Luis González Flores y Germán Parra López –secretarios de desarrollo rural en diferentes etapas del gobierno borgista– no han sido tocados con el pétalo de una orden de presentación y en apariencia la Fiscalía no ha emprendido acciones legales en su contra. Pero todos los hilos conducen a Beto Borge. 

El Auditor estatal Manuel Palacios Herrera ha manifestado que las evidencias de desvíos son claras, ya que las auditorías han comprobado que se utilizaron credenciales de productores sin su consentimiento y firmas apócrifas para aparentar que el recurso se utilizó para los proyectos del campo, cuando la realidad es que los productores no vieron ni siquiera un peso. 

El daño económico es mucho mayor a lo desviado, ya que se sacrificó al golpeado y sediento campo quintanarroense. Pero esta voracidad criminal no está en la lista de prioridades de la Fiscalía que ha dejado dormitar el expediente por largos meses, mientras algunas manzanas podridas del pasado que aún se mantienen en la Sedaru siguen haciendo de las suyas en este nuevo gobierno, confiando en el perdón y el olvido.

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