No pudo ser más oportuno. A unos días de que el gobernador Carlos Joaquín González rinda su primer informe, la Fiscalía General del Estado anunció la quinta detención de un servidor público de la administración del ex gobernador priista Roberto Borge, como parte de las pesquisas por el multimillonario desfalco a las arcas quintanarroenses.

El detenido, Víctor Hugo Loyola Corona, fungió como procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, y fue capturado en la blanca Mérida en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por la Fiscalía quintanarroense que lo acusa de desempeño irregular de la función pública.

Y si bien Víctor Loyola no es considerado un “pez gordo” y ni siquiera es tan conocido por la ciudadanía debido a que la posición que ocupó es de muy bajo perfil, su detención es de suma importancia, ya que la procuraduría fiscal es uno de los órganos en los que forzosamente tuvo que circular la información de los turbios manejos financieros que se realizaron en la Secretaría de Finanzas bajo la batuta de su ex titular, Juan Pablo Guillermo Molina.

El discreto ex funcionario, cuyo estatus legal aún no se conoce y que según algunas versiones podría enfrentar su proceso en libertad, tendría información vital para apuntalar las investigaciones contra los principales orquestadores del asalto a las finanzas públicas estatales.

Su captura también otorga una necesaria dosis de credibilidad a la Fiscalía y al “gobierno del cambio” ante los constantes cuestionamientos de la sociedad por el tortuguismo en el proceso de investigación en contra de los malos ex servidores públicos.

La detención de Víctor Hugo Loyola se suma a las de los ex titulares de Seduvi Mauricio Rodríguez Marrufo y Paulina García Achach –esta última en libertad tras garantizar una millonaria fianza–, del ex director de VIP Saesa, Carlos Acosta Gutiérrez, y del ex gobernador Roberto Borge Angulo, quien sigue preso en Panamá en espera de ser extraditado a México.

Aún están pendientes al menos una decena de órdenes de aprehensión de la primera ola de denuncias, más las que se acumulen por las 27 demandas que anunció la Auditoría Superior del Estado la semana pasada en contra de 84 ex funcionarios, lo que nos da una pálida idea de las dimensiones del saqueo que provocó la caída del PRI borgista.