Mauricio Góngora Escalante, Eduardo Espinosa Abuxapqui y Fredy Marrufo Martín, ex alcaldes priistas de Playa del Carmen, Chetumal y Cozumel, están en aprietos a un año de haber abandonado el cargo, pues las denuncias en su contra empiezan a hacer efecto y los colocan bajo la lupa de las autoridades judiciales.

Desde hace un par de semanas trascendió la liberación de órdenes de aprehensión contra Mauricio Góngora Escalante –ex alcalde playense y ex candidato priista a la gubernatura– y parte de su equipo de colaboradores, lo que se confirmó con la detención del ex director de egresos de ese municipio, Felipe de Jesús Castillo, capturado en Mérida el pasado 24 de septiembre.

A Mauricio Góngora y sus colaboradores se les acusa de varios delitos, entre ellos el peculado, que ha sido la denuncia favorita de los gobiernos de alternancia en los municipios de Solidaridad, Othón P. Blanco y Cozumel.

En Chetumal, desde el pasado viernes empezó a correr fuerte la versión de que la Fiscalía estatal liberó órdenes de aprehensión contra el ex alcalde capitalino, Eduardo Espinosa Abuxapqui, y quien fuera su tesorero, César Euán Tun, para que rindan cuentas ante la justicia.

Estas órdenes de aprehensión serían el fruto de las 23 denuncias interpuestas hasta el momento por el gobierno de Luis Torres Llanes, a quien se le había criticado por su falta de resultados en la búsqueda de justicia.

Ambos ex alcaldes se han hecho ojo de hormiga desde hace un tiempo, conocedores de que son buscados por las autoridades judiciales. Abuxapqui intentó por segunda ocasión ser candidato del PRI a la gubernatura, pero sus posibilidades fueron mínimas porque la final la jugó Mauricio Góngora con José Luis Toledo Medina, “Chanito”.

El caso del cozumeleño Fredy Marrufo Martín es un poco diferente, ya que él no anda a salto de mata e incluso ostenta el cargo de delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Sin embargo, recientemente un juez dejó sin efecto un amparo que impedía el juicio político en su contra y ahora está en manos del Congreso local.

Apenas se supo del sobreseimiento de su amparo, el Congreso del Estado anunció la reactivación del juicio político contra el ex alcalde isleño, acusado del desvío de 400 millones de pesos, lo que podría concluir en una inhabilitación para ocupar cargos públicos, además de que abre la puerta a acciones penales en su contra.

¿Quién será el primero en caer?