24 de Junio de 2018

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Feminicidio

Con años de atraso comparándola con otras entidades, la justicia quintanarroense vinculará a proceso a un Policía Estatal Preventivo por el delito de feminicidio...

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Con años de atraso comparándola con otras entidades, la justicia quintanarroense vinculará a proceso a un Policía Estatal Preventivo por el delito de feminicidio. Con su arma de cargo, el policía preventivo le disparó a su esposa el pasado sábado por la tarde, en la colonia chetumaleña Emancipación.

La nueva tipificación legal prevé penas de cárcel de hasta 50 años y fue aprobada por el Congreso local apenas en noviembre pasado. Esta acción es un paso enorme para la justicia estatal que se había negado a aceptar el problema creciente de los feminicidios en la entidad con argumentos legaloides absurdos, con el supuesto fin de no dañar nuestra imagen como destino turístico.

El desdén criminal contra las mujeres en el pasado reciente fue generalizado, porque desde 2011 se aprobaron a nivel federal reformas que elevaron el feminicidio a la categoría de delito grave con la finalidad de impedir el aumento de casos de mujeres asesinadas por su condición de género en todo el país, pero en la entidad las dos pasadas Legislaturas se hicieron de la vista gorda y no homologaron las leyes locales con la norma federal.

La Procuraduría de Justicia –transformada en Fiscalía General– en lugar de atender con premura y seriedad los cientos de casos evidentes de feminicidios, se dedicó a ocultar la suciedad bajo la alfombra, maquillando las cifras.

En 2014, el Procurador Gaspar Armando García Torres determinó tipificar como feminicidio solo cuando se tratara de asesinatos “seriales” contra mujeres, descartando de un plumazo las muertes por violencia de género ocurridas en otras circunstancias. Así logró reducir las estadísticas de feminicidios durante su gestión a solo un caso.

Su sucesor, Carlos Arturo Álvarez Escalera, mantuvo esa línea y se negó a reconocer como feminicidios los siete asesinatos de mujeres registrados en el estado entre octubre y noviembre de 2015. Todos fueron catalogados como homicidios comunes, y aunque capturaron a presuntos culpables, la mayoría quedó libre al no haber pruebas sólidas.

Pasaron seis largos años para que las autoridades por fin reconocieran la gravedad de los feminicidios y se decidieran a actuar conforme a la Ley. El reto ahora es de la Fiscalía que debe hacer un trabajo impecable en la integración del expediente contra el policía que será vinculado a proceso por el delito  feminicidio, para evitar un error procesal nada novedoso en estos dominios de la justicia.

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