El próximo 2 de junio, más de un millón y medio de quintanarroenses tendrán en sus manos la decisión crucial de elegir a sus representantes. Sin embargo, este proceso democrático se desarrollará bajo la sombra de un árbitro electoral, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), que enfrenta serias interrogantes sobre su capacidad e integridad. 

La reciente obligación impuesta al Ieqroo de implementar acciones afirmativas para asegurar la participación de la comunidad LGBT en las elecciones de 2024 fue un paso significativo hacia la inclusión, pero evidenció a un instituto indolente ante los grupos vulnerables.  

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) dictaminó esta medida en noviembre de 2023, señalando la necesidad de representación para este sector poblacional en los cargos de elección popular.

Activistas celebraron este avance como un acto de justicia y un impulso hacia una mayor equidad en el proceso electoral.

Sin embargo, este no es el primer mandato de este tipo para el Ieqroo. En marzo de 2022, el máximo tribunal electoral del país ya había instruido al instituto a implementar acciones afirmativas, no solo para la comunidad LGBT, sino también para las personas con discapacidad.

Parece que el Ieqroo ha enfrentado desafíos considerables en la ejecución de estas medidas, evidenciando una falta de credibilidad que permea el órgano electoral. 

Los señalamientos contra la consejera presidenta, Rubí Pacheco Pérez, han aumentado las dudas sobre la integridad del Ieqroo. Acusaciones que van desde el dispendio de recursos hasta asignaciones arbitrarias para ciertos funcionarios, y un trato déspota hacia el personal y los representantes de partidos políticos han empañado la imagen del instituto.

La falta de transparencia en las decisiones y el historial de gastos ineficientes han minado la confianza en la institución encargada de salvaguardar la legitimidad de las elecciones.

El presupuesto solicitado por el Ieqroo para el año 2024, ascendiendo a 538 millones 855 mil 039 pesos, el más alto de su historia, deja más interrogantes sobre su justificación.

Este monto supera en gran medida los 400 millones solicitados en 2022, incluso después de que el Congreso del estado recortara 37 millones 534 mil pesos del presupuesto inicial; y ello muy a pesar de que en esa elección se votó al titular del Ejecutivo y a legisladores locales.

La ciudadanía de Quintana Roo merece una explicación clara sobre cómo este supuesto "Presupuesto Basado en Resultados" se traduce en un gasto tan significativo.

En este contexto, es imperativo que los quintanarroenses ejerzan su derecho al voto de manera informada y vigilante.

Más allá de las urnas, la ciudadanía debe exigir transparencia, rendición de cuentas y un compromiso real con la equidad en el proceso electoral, porque Quintana Roo merece una representación justa y una institución electoral que inspire confianza en sus ciudadanos.

¿Podrá este cuestionado instituto electoral con semejante reto?