Una reforma se está analizando en el Congreso de Quintana Roo para que sea el Instituto de Movilidad del Estado el encargado de definir cuáles serán los costos de las licencias y permisos de conducir que se expidan en el Estado.

La iniciativa, presentada por los diputados José Chacón Chablé y Humberto Aldana Navarro, así como por la legisladora María José Osorio Rosas, pretende cambiar el artículo 34 de la Ley de Movilidad de la Entidad para este fin, con el objetivo de dar mayor certeza al contribuyente así como mejor precisión jurídica sobre este tema.

“No estamos modificando la competencia del Estado para la expedición de licencias y permisos de conducir, porque esto ya había sido establecido en anteriores reformas. Lo que ahora hacemos es precisar cuál será el organismo que determinará sus costos”, mencionó el diputado Humberto Aldana Navarro.

Actualmente, son los Ayuntamientos los que se encargan de determinar cuánto deberán de pagar los conductores por este derecho, ocasionando que en Othón P. Blanco el costo de una licencia sea de aproximadamente 900 pesos, mientras que en Playa del Carmen alcance hasta los mil 936 pesos.

El legislador aclaró, sin embargo, que no se está dejando a las Administraciones Municipales fuera de este tema por completo, pues la misma ley establece que es la Junta de Gobierno del Imoveqroo la que supervisa todas las políticas públicas y administrativas que realiza dicho organismo.

“Y en este sentido, los integrantes de la Junta, de acuerdo a lo señalado en el artículo 33, deben convocar a las personas titulares de los Ayuntamientos involucrados en los asuntos como estos, además de tener derecho a voz durante las sesiones correspondientes”, comentó el también presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local.

Añadió que, además, los gobiernos municipales podrán recaudar los conceptos de expedición de licencias y permisos de conducir, de conformidad con sus respectivas leyes fiscales y previo convenio de coordinación con el Estado.

Aldana Navarro aclaró que con esto se dará mayor certeza jurídica al gobernado, además de una correcta recaudación apegada a los principios de justicia fiscal.