Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Presentaron tres recursos de anticonstitucionalidad en contra de la XIII Legislatura de Quintana Roo por el proceso para la aprobación de candidaturas ciudadanas, los partidos Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y Revolución Democrática (PRD), ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Los documentos fueron entregados entre el jueves 20 y viernes 21 del presente mes, acción a cargo de los respectivos dirigentes nacionales de los tres partidos de izquierda, cada recurso de anticonstitucionalidad va acompañado de copia certificada del acta de la sesión de Cabildo de Felipe Carrillo Puerto, celebrada el sábado 17 de noviembre, así como fotos, videos y audio del mismo evento en el que regidores de ese Ayuntamiento en esa fecha votaron en contra y que prueban el rechazo a la reforma.

 

Otro documento anexado es copia del Diario Oficial del Estado, en donde se publica la reforma a la Ley Electoral, a la Ley de Medios de Impugnación y a otros ordenamientos electorales.

 

Emiliano Hernández Ramos, dirigente del PRD en el estado, señaló que además de ellos PAN y PT entregaron sus respectivos recursos, por lo que están a la espera de una resolución favorable por parte de los magistrados, puesto que es bien conocido que el Cabildo de Carrillo Puerto votó en contra de la reforma.

 

Las sanciones jurídicas que podrían darse son inhabilitación a diputados que aprobaron la reforma electoral en Quintana Roo, además del alcalde de ese municipio Sebastián Uc Yam, a quien presuntamente falseó el acta de cabildo que generó la reforma.

 

Hernández Ramos recalcó que “lo fundamental es que se eche abajo esta reforma perversa que no busca empoderar a los ciudadanos sino prestarse al juego del PRI”.

 

Eduardo Martínez Arcila, dirigente del PAN en Quintana Roo, comentó que en caso que los magistrados fallen a favor de los recursos de anticonstitucionalidad presentados, se buscarían las sanciones jurídicas para quienes hayan intervenido en aprobar la reforma electoral.

 

“Se podría buscar de forma jurídica o administrativa que diputados, regidores o alcalde que hayan actuado en contra de la Ley, no puedan contender por un cargo público”, resaltó el dirigente panista.