Por cobros de hasta mil 85 pesos, considerado excesivo, por solicitar una simple búsqueda de documentos, además de otro tipo de pagos de derechos similares, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la nulidad de leyes hacendarias de tres municipios de Quintana Roo.

El órgano impugnó, por medio de la acción de inconstitucionalidad 19/2024, las leyes de Hacienda de Benito Juárez, Tulum y Felipe Carrillo Puerto, aprobadas por el Congreso del Estado de Quintana Roo y publicadas para su entrada en vigencia el 21 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

El caso más grave es del último municipio, el cual cobra la cantidad mencionada sólo por solicitar una búsqueda de documentos en el archivo del Registro Civil. Además otro pago igual por la certificación de las copias de esos mismos papeles en caso de entregarse al solicitante.

De acuerdo con la demanda presentada ante el tribunal constitucional, la CNDH solicitó la nulidad de los artículos 74 y 86 de la Ley de Hacienda del Municipio de Felipe Carrillo Puerto.

En lo que respecta a Benito Juárez, el gobierno municipal realiza un cobro similar, aunque mucho menor con un pago de 132 pesos por búsqueda de documentos en la Tesorería y 66 pesos en el Registro Civil. Además de 33 pesos por la emisión de copias certificadas de esos documentos.

“Esta Comisión Nacional advierte que los preceptos impugnados no son respetuosos del orden constitucional, pues vulneran el principio de proporcionalidad tributaria que rige a las contribuciones, ya que las tarifas no guardan relación directa con los gastos que le presenta a los entes públicos involucrados la prestación de los servicios descritos en las normas combatidas”, argumenta la CNDH frente a la SCJN.

La Ley de Hacienda del Municipio de Tulum también está siendo impugnada en tres artículos. Lo anterior porque impone el cobro del derecho de alumbrado público sobre el 5% del importe de consumo de energía eléctrica que conste en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad de cada usuario.

“Permite cobrar montos distintos sobre un mismo servicio, en inobservancia del principio de equidad tributaria”, dijo sobre la ley de Tulum la CNDH.

Se espera que la SCJN resuelva en las siguientes semanas la admisión de la demanda de invalidez.