Obligados por ley a presentar un informe de actividades al Congreso local, este lunes el cuerpo de consejeros del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Idaipqroo), presidido por José Orlando Espinosa Rodríguez –secretario privado del ex gobernador Félix González Canto–, entregó el documento donde se detallan las cifras de solicitudes de información realizadas tanto a los sujetos obligados como al propio instituto, datos que desnudan la inutilidad del organismo que cuesta una millonada al erario estatal.

Aunque el documento entregado al Congreso no se puso aún a disposición del público, basta con hurgar un poco en la página electrónica del Idaipqroo para conocer los números que hunden la credibilidad del instituto.

En el portal digital se puede consultar un resumen gráfico del Informe correspondiente al 2016 al que titularon “termómetro de acceso a la información”; ahí está a disposición el histórico de solicitudes realizadas por la ciudadanía.

En la primera gráfica, presumen un abultado incremento en el número de solicitudes ingresadas a dependencias y municipios, pues de 2 mil 614 solicitudes recibidas en 2015, la cifra saltó a 4 mil 793 en el 2016, es decir, un aumento del 83.3 por ciento que representa el máximo histórico en el estado.

Tales solicitudes no son atendidas por el Idaiqproo, cuya función es vigilar el cumplimiento de las leyes de transparencia y atender las solicitudes de revisión realizadas por ciudadanos que sientan que su derecho de acceso a la información es vulnerado.

Y es en ese punto donde el Idaiqproo cojea, porque resulta que en 2016 reportó un total de 29 recursos de revisión recibidos de enero a junio de 2016, mientras que del segundo semestre no existen datos.

Pero lo trágico es que de esos recursos de revisión sólo 17 se reportan como asuntos resueltos en lo que va del año, la mayoría de ellos dando la razón al sujeto obligado sobre la negativa a brindar alguna información.

Esto quiere decir que cada recurso revisado por los Consejeros del Idaipqroo costó a las finanzas públicas un millón 544 mil 811 pesos, ya que el presupuesto ejercido fue de 26 millones 261 mil 802 pesos.

Con tanto dinero y poca chamba, los Consejeros de transparencia se han entretenido firmando convenios y organizando concursitos de nulo impacto con el pretexto de fomentar la cultura de la transparencia y en un intento de justificar la onerosa inoperatividad del instituto, pues el costo-beneficio de su manutención arroja indignante saldo negativo.