Alejandro Castro/SIPSE

Cancún.- Con la publicación de la nueva Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado en el Periódico Oficial de Quintana Roo, inició la cuenta regresiva para que, en un plazo no mayor a un año, los fabricantes, hoteles, supermercados, restaurantes y demás comercios sustituyan el uso de plásticos.

Dicha norma prevé en sus artículos transitorios que se dará un periodo “de gracia” de 12 meses para transitar a la utilización de materiales amigables con el ambiente, excepto para las zonas de exclusión, donde el plazo es de seis meses.

En la legislación, se consideran como “zonas de exclusión” aquellas que no pueden ser intervenidas por ninguna actividad, las zonas insulares, las áreas naturales protegidas y las que se consideren como “zonas vulnerables”.

En estas zonas se incluyen las áreas de Isla Grande e Isla Chica en Holbox, Isla Mujeres, Banco Chinchorro, Isla Contoy y Cozumel, con excepción del área donde descargan residuos los cruceros que llegan al puerto.

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Así mismo, otorga a los municipios un plazo de 90 días a partir de la publicación para homologar sus normativas, de modo que no sean contrarias a la Ley vigente y que permitan su correcta aplicación.

También tendrán la obligación de elaborar, actualizar y difundir el diagnóstico de la situación de residuos en su respectiva demarcación, así como la capacidad instalada para su gestión y manejo integral.

La sanción por no sustituir plásticos en Quintana Roo podrá ser de hasta 200 mil pesos

La Ley aprobada por el Congreso el 28 de mayo pasado, y que entrará en vigor a partir del 18 de julio para sus disposiciones generales, también contempla sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 40 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalentes a tres millones 200 mil pesos apróximadamente.

Además, se considerará en el caso de las infracciones muy graves y graves la revocación de las autorizaciones de forma definitiva o temporal o la inhabilitación de las actividades.

En caso de que ocurra, será competencia de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) emitir la resolución administrativa que indique las sanciones y medidas que deberá llevar a cabo el infractor.