Inicia funciones el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa de Q. Roo

Designan a Minerva Maribel Moreno Cruz como presidenta de este órgano autónomo jurisdiccional.

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Inicia funciones el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa de Q. Roo. (Daniel Tejada/SIPSE)
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Minerva Maribel Moreno Cruz fue designada como presidenta del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo, integrada por primera vez, en un 100 por ciento por mujeres.

La presidenta de este órgano autónomo jurisdiccional tomó protesta en cumplimiento del artículo 200 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, que faculta al Pleno para elegir entre las Magistradas a quien tomará la batuta de ser la representante del mismo.

En la misma sesión fue aprobado por unanimidad de votos que las Salas Ordinaria se ubiquen en:

Primera Sala en Chetumal teniendo competencia en los municipios de Othón P.  Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, siendo presidida por Mayra San Román Carrillo Medina.

Segunda Sala en Playa del Carmen, teniendo competencia en los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel, bajo la responsabilidad de la Rubí Guadalupe Sulub.

Las Salas Tercera y Cuarta, tendrán su residencia en Cancún con jurisdicción para los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas; mismas que serán presididas por Nayeli del Carmen Solís Poot y Claudia Carrillo Gasca.

El nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción tiene como objetivo garantizar una impartición de justicia pronta y efectiva en casos administrativos y los relacionados con actos de corrupción en Quintana Roo, con un enfoque hacia la transparencia y la igualdad.

La magistrada Minerva Moreno Cruz asumirá la presidencia por los primeros cinco años. Es decir, que en el 2029 se elegirá a su relevo. Con la reforma realizada a este organismo, las magistradas durarán en el cargo 12 años.

Se trata de un nuevo Tribunal contemplado en las recientes reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, enmarcados en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.

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