Las organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la aprobación de la iniciativa para modificar la Ley de Educación del Estado en el que se incluye el pin parental, podría derivar en un aumento de casos de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes.

Gracia Alzaga, vocera de Defensoras Digitales de Quintana Roo, explicó que el acceso a la educación sexual integral no solo tiene el fin de prevenir enfermedades y embarazos a temprana edad, sino que permite a los alumnos conocer y defender los derechos que tienen sobre su cuerpo.

“La educación los ayuda a formarse como personas y en segundo previene delitos que ellos puedan desconocer, es decir, si una niña o niño sufre violación, pero en la escuela no le enseñan que esta mal, va a ser suceptible a no conocer que es una victima y seguir sufriendo de este delito”, dijo.

La iniciativa presentada por el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, señala que los padres tendrán derecho a ser previamente consultados para su consentimiento o no, cuando la autoridad educativa imparta los programas, cursos o talleres en rubros de moralidad, sexualidad y valores.

Sin embargo, colectivos como Red por los Derechos de la Infancia, Conversatorio Feminista Cancún, Siempre Unidas, Sororidad Cancún, Marea Verde, Defensoras Digitales Quintana Roo, entre otros, señalaron que esto “vulnera el propósito de las escuelas de construir un espacio seguro”.

“No se puede retroceder en materia de derechos humanos, deben estar por encima el bien superior de los menores que no sólo están contenidos en la Constitución, sino en tratados internacionales que establecen el acceso a una educación laica y sin discriminación”, dijo.

Quintana Roo es el estado con mayor tasa de incidencia de violación en el país

Cabe recordar que el estado de Quintana Roo pasó de ubicarse de la posición 27 al primer lugar nacional como la entidad con mayor tasa de incidencia en el delito de violación durante el primer semestre de 2020.

El último reporte del Observatorio de Seguridad y Género -OSEGE- indica que durante este lapso de tiempo se generó a nivel local una incidencia de 15.3 carpetas de investigación iniciadas por cada 100 mil habitantes, cuando en el mismo periodo pero de 2019, la estadística era de 5.1, siendo el mes de febrero el que tuvo mayor incremento.