Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) solicitó que las iniciativas presentadas por ese partido y Laura Fernández Piña, presidenta municipal de Puerto Morelos, sobre la violencia política sean consideradas para las reformas electorales.

Ana Patricia Peralta de la Peña, presidente  la Comisión para la Igualdad de Género, dijo que se trata de una iniciativa necesaria para garantizar el libre ejercicio de la función pública de las mujeres. 

“La solicitud es hacia las comisiones a las cuáles fueron turnadas las iniciativas para que junto con el paquete electoral que se va a analizar se incluya la violencia política contra las mujeres”, señaló la diputada verde ecologista. 

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Destacó que iniciativa busca evitar que se violen los derechos de las mujeres a la hora que buscan un cargo de elección popular.

“Ya existen temas como la paridad, del 50-50, que fue un gran avance para la vida democrática y reconocimiento a los derechos de las mujeres, pero no nos podemos quedar ahí”, mencionó.

En el caso de Quintana Roo, según las estadísticas oficiales son muy pocos los casos denunciados de presunta violencia política, sin embargo, para la diputada eso no significa que no sea necesario legislar al respecto.

“Cuando las mujeres son candidatas, algunas veces son amenazadas o en ocasiones no les entregan el presupuesto necesario para las campañas políticas o cuando ya se encuentran en el poder”, destacó.

Según la iniciativa enviada al Congreso Local, en su momento, Quintana Roo carece de un contexto legal que permita prevenir, atender y sancionar la violencia política.

En el caso del Código Penal se plantea anexar el artículo 267 bis para establecer que incurre en ese delito quien o quienes realicen por sí o a través de terceros, cualquier acción u omisión por medio de las cuales presione, persiga, hostigue, acose, coaccione o amenace a una mujer en busca de impedir el ejercicio de sus derechos político electorales o cargo público.

La sanción propuesta es una pena de tres a ocho años y multa de siete mil a quince mil unidades de medida y actualización.