Feministas de Quintana Roo presentaron una iniciativa ciudadana para modificar el Código Penal del Estado, en busca de despenalizar el aborto en el Estado. El colectivo estima que 120 quintanarroenses acuden anualmente a clínicas de la Ciudad de México a abortar. 

Yunitzilin Rodríguez Pedraza, integrante de la Red Feminista Quintanarroense, explicó que a diferencia de la propuesta presentada hace tres años, y rechazada por la XVI Legislatura del Congreso del Estado, en esta ocasión lo que se solicita es que la norma estatal se armonice con el precedente establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 7 de septiembre, que declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, así como el artículo de la Constitución de Coahuila que establecía esta acción como un delito punible. 

“Si bien es cierto que este precedente nos protege de no ser sancionadas, sea penado o no el aborto, es necesario que el Código Penal esté acorde a la resolución, reformando su artículo 97, para no tener que acceder a vías jurisdiccionales para que se respete nuestro derecho a decidir”, declaró la activista y también profesora de Derecho de la Universidad de Quintana Roo.

Declaró que hasta el momento las organizaciones feministas han descartado tomar de nuevo las instalaciones del Poder Legislativo, tal como lo hicieron hace un año, como una forma de presión para que los diputados locales analicen este tema.

Sin embargo, comentó que sí realizarán acciones de apoyo públicas, como la marcha programada para este 28 de septiembre, la cual saldrá desde el Museo de la Cultura Maya para concluir en la sede del Congreso del Estado.

Por su parte, el Poder Legislativo emitió un boletín oficial a través del cual informaba que la Oficialía de Partes verificará que esta iniciativa ciudadana cumple con los requisitos legales, para después ser leída ante el Pleno de la XVI Legislatura y a su vez, sea turnada a las comisiones ordinarias correspondientes para su estudio, análisis y posterior dictamen.

Mientras que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Eduardo Martínez, coincidió en que el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es determinante para abordar este caso, por lo que la práctica del aborto ya no puede constituir un delito, por lo que no se opondrá a una propuesta para despenalizarlo en el Código Penal.

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