Solidaridad presenta controversias por desarrollo urbano

El municipio interpuso dos controversias ante la SCJN por violación a su autonomía.

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La ley de desarrollo podría limitar las competencias de los ayuntamientos. (Adrián Barreto/SIPSE)
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Adrián Barreto/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno de Solidaridad presentó dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que la reforma en desarrollo urbano y la Ley de Movilidad aprobadas por el Congreso viola la autonomía y las competencias de los ayuntamientos.

René Medrano Ríos, director jurídico de Solidaridad, dio a conocer que la controversia constitucional contra el paquete de reforma en materia de desarrollo urbano se presentó a finales de septiembre por Juan Carlos Beristáin Navarrete, ex síndico de Cristina Torres Gómez.

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En la controversia se demanda la invalidez de “la aprobación, sanción, promulgación y publicación del Decreto Número 194, por parte de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, Publicado en el Diario Oficial del Estado de Quintana Roo, el 16 de agosto de 2018 Tomo II, Número 108 extraordinario, Novena Época”.

Lo anterior se refiere a la llamada reforma urbana que fue promovida por el Gobierno del Estado y que incluye las nuevas leyes de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; la de Acciones Urbanísticas, y las reformas a las de Vivienda, de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y de Propiedad de Condominio de Inmuebles.

“La controversia se centró en artículos específicos en los que supeditaron el Plan de Desarrollo Municipal a una aprobación del gobierno estatal, cuando es competencia del Ayuntamiento como se indica en el artículo 115 de la Constitución Mexicana, pero esos cambios no solo afectan la competencia en la regulación y planeación del territorio, sino que impacta en la captación de recursos”, dijo Medrano Ríos.

Aseguró que la reforma urbana otorga, entre otras cosas, al Gobierno del Estado, el 20% de las áreas de donación que dan los desarrolladores por obligación a los ayuntamientos, lo que atentan contra el patrimonio del municipio.

A través del área de Comunicación Social del Congreso se informó que ya fue notificado de la controversia constitucional relacionada con diversas reformas relacionadas con la Ley de Asentamientos Humanos y Acciones Urbanísticas, pero no de otras que forman parte de la reforma urbana.

“El proceso legal para responder lo que a su derecho conviene al Poder Legislativo, se encuentra en curso, es por ello que los argumentos para atender este tema, se presentarán ante la instancia correspondiente y de acuerdo al marco legal jurídico vigente”, se informó. El recurso contra la reforma urbana se presentó los últimos días de septiembre y se le dieron 30 días hábiles al Congreso y al Gobierno del Estado para contestar, por lo que René Medrano calculó que en diciembre puedan tener una notificación sobre si la Suprema Corte aceptó -o no- el acto demandado, y con ello hacer inaplicables dichas leyes.

La controversia contra la Ley de Movilidad se presentó el pasado lunes 12 de noviembre, por lo que lleva un proceso con menor avance.

Para el abogado de Solidaridad dicha ley es un ápice de la reforma urbana pues implica el ordenamiento y la planeación de una ciudad, “pero también volvemos a la misma violación del 115 constitucional y nuevamente el Gobierno del Estado a través de esta ley aprobada por el Congreso quiere quitarle la regulación al municipios, y ambos son dos paquetes de leyes que afectan el destino de la ciudad y atar a los presidentes municipales para que a través de los cabildos dirijan el desarrollo”.

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