La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo pretende comprar un sofisticado equipo espía capaz de capturar la información de miles de dispositivos celulares por minuto.

Se trata del Software IMSI Catcher (THOR) que al estar en operación simula ser una torre celular. Su trabajo es interceptar la conexión entre una torre real y los teléfonos.

De acuerdo con la información entregada a los diputados locales y la disponible en la red, el software almacena códigos IMSI (único en cada móvil) que permite conocer al proveedor del servicio, la ubicación aproximada, y en algunos casos, acceso a mensajes de texto SMS y llamadas.

“Cuando THOR está operando, los teléfonos móviles dentro del alcance solicitan registrarse en su red y, al hacerlo, entonces, revelar sus identidades celulares. Esta capacidad tiene como objetivo reunir tantos teléfonos móviles como sea posible y, en condiciones reales, puede haber incluso miles de dispositivos capturados por minuto”, detalla el documento firmado por el Fiscal General.

También señala que la tecnología pretende tener poco a ninguna interrupción del servicio celular en los teléfonos “para garantizar el éxito de la misión”.

De acuerdo con el Proyecto del Presupuesto de Egresos 2023 de la FGE, se requiere invertir 25 millones 520 mil pesos en la adquisición de esa “solución de inteligencia celular activa para identificación, monitoreo, extracción de datos y ubicación de los dispositivos de destino en el campo”.

La instancia asegura que el software, que estaría a cargo de la Dirección General de Servicios Periciales, es una “herramienta fundamental” para los organismos encargados de hacer cumplir la ley para gestionar situaciones amenazantes, recopilar inteligencia y capturar objetivos.

El uso de este tipo de tecnología salió a la luz pública en 2020, cuando una investigación reveló la existencia de antenas falsas en varios puntos de la Ciudad de México, desde la administración de Enrique Peña Nieto y que siguió durante los primeros de Andrés Manuel López Obrador.

La Fiscalía General de Quintana Roo no es la primera que ha buscado el aval de los diputados para ese tipo de adquisiciones. En 2021, la instancia par en Baja California hizo la misma petición al Congreso de ese estado. Sin embargo, tras un análisis, se determinó negar la autorización por sus implicaciones en materia de privacidad.