Eva Murillo/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Una investigación que Liliana Rodríguez Ponce de León, delegada de la Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo, lleva a cabo, apunta a posible lavado de dinero en seis de 56 Instituciones de Asistencia Privada (IAP) que tienen registradas, pues sus instalaciones están vacías y algunas dadas en renta. “La primer sospecha viene porque aunque son de reciente creación -cuatro años- ya cuentan con edificios, albergues y salones, pero están vacíos o los tienen rentados”.

La delegada explicó que a su arribo a la dependencia notó la destrucción de documentación de archivo de varias IAP, algunas de ellas de personas relacionadas con el ex gobernador Roberto Borge Angulo.

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Las revisiones de los estados financieros de las IAP son trimestrales, pero durante la administración estatal pasada -encabezada por Borge Angulo, actualmente detenido en Panamá y en espera de ser extraditado para responder por varios delitos, entre ellos lavado de dinero-, aparentemente no se realizaron.

“Una institución tiene que hacer reportes constantes a las Juntas de Asistencia, los programas de trabajo que va a hacer una institución no puede sacárselos de la manga o inventarlos; no, todo tiene que ser previa autorización de la Junta de Asistencia”.

La Junta de Asistencia Social es el órgano rector colegiado encargado de regir a las instituciones y en caso de detectar anomalías cuenta con la facultad de disolverlas, “una institución no puede mandarse sola y decidir qué va a hacer con su dinero”.

“Existen varias IAP que están en observación para disolución, si detectamos que una IAP no está funcionando como debe ser, no está haciendo labores asistenciales, no está operativa y únicamente está utilizando el nombre de la fundación para conseguir recursos o cuestiones no acordes a la asistencia social, yo como Junta sí estoy en la capacidad de eliminarla y suspenderle labores”.

Actualmente, la Junta de Asistencia tiene en la mira, ya para el proceso de disolución, a seis de un total de 56 IAP, enfocadas al apoyo de grupos vulnerables.

“Son seis, ubicadas en el sur del estado, las que realmente han estado simulando trabajo y que tuvieron una especie de enriquecimiento ilícito y no han podido, hasta ahorita, comprobar de dónde obtuvieron el recurso para tener infraestructura tan elaborada”.

Rodríguez Ponce de León explicó que están en proceso de investigación, les pidieron la notificación y la información financiera de operación.
“Deben cumplimiento, porque como Junta de Asistencia no es cuestión de que quieran o no proporcionarla, es una obligación que ellos tienen y si no cumplen se les disuelve”.

Señaló que cuatro de las seis instituciones que están bajo sospecha tienen infraestructura “enorme”, aun cuando son de nueva creación, pues nacieron hace cuatro años y ya tienen edificio y mobiliario propio, pero “al llegar a las instalaciones de la institución y comienzan las investigaciones me doy cuenta que la infraestructura la tienen rentada, y eso no pueden hacerlo”.

La iniciativa privada dejó de dar apoyos porque no tenían la seguridad de que sus aportaciones eran utilizadas con los fines prometidos, “pero a éstas sí las apoyaban, pero más bien una cuestión medio mafiosona, eran empresas que realmente se podían prestar para el lavado de dinero”.

“Ellos no pueden decir que por ser su edificio pueden rentarlo para una tienda, no pueden hacer eso, la tienen que ocupar para los fines de la institución y en caso de que ya no la ocupen se les disuelve la institución y todas las propiedades adquiridas por parte de la fundación se otorgan a las instituciones que estén dadas de alta en la Junta”.

Mencionó que cada IAP tiene un presidente que debe informar de cada movimiento que hagan y en el caso de estas seis que podrían haber sido usadas para lavado dinero, son personas relacionadas con Roberto Borge Angulo.

“Sí, hay varios que sí están relacionados, justamente son los malos usos que se dieron en la administración pasada, pero no nos dimos cuenta cuando entramos, si no que fue al pasar de los días cuando vimos que no había información, que no contaban con información que nosotros les pedíamos, que realmente no estaban dando cumplimiento, han sido varias cuestiones que hemos descubierto poco a poco”.

Abundó que las IAP tienen terreno, edificio, albergues con camas y demás mobiliario que sobrepasan las características de una asociación de nueva creación.

“Cuando éstas están en sus primeros años de vida tienen una oficina pequeña que, por lo general, es rentada o es de la persona que está al frente, en estas seis estamos hablando de oficinas grandes, que están vacías, cerradas y la parte de enfrente están rentadas, ya que se enteraron que estoy investigando están intentando reabrirlas”.

Las IAP pueden gestionar recursos públicos federales, pero tienen mayor capacidad de captación de dinero de la iniciativa privada.

“Como delegada tengo que estar muy estricta con eso, porque justamente como son IAP los empresarios confían mayormente en ellas, porque saben que tienen un órgano rector que es la Junta de Asistencia y por eso tengo que procurar que tengan todo en orden, porque así le demostramos al empresario que el dinero que donó se está ocupando para los fines que lo dio”.

Adelantó que van a empezar con la revisión de los estados financieros, no solo de esas sino de las 56 que tienen registradas.

“Hay que revisar estados financieros, porque realmente no se hacía, en la administración anterior no se hacía nada de esta información, era instituciones que gestionaban recursos con la iniciativa privada con la bandera de que eran IAP y con el aval de la Junta de Asistencia y como la administración pasada no decía nada, pues ellos gestionaban y gestionaban recursos”.

La entrega de la información financiera que la Junta les solicite deben entregarla, es parte de sus obligaciones, el plazo para cumplirla vence el 31 de agosto próximo.

Posterior a eso, la Junta tiene todo septiembre para analizar los documentos y en octubre iniciar con el proceso de disolución en los casos que sean necesarios, pues en noviembre inicia la etapa de revisión de proyectos para el 2018.