El año que está por concluir ha sido, devastador para el sistema de pensiones, en lo general; y terrible para pensionados y jubilados, en lo particular.

La razón de nuestra aseveración se debe a la indebida aplicación de la UMA, en vez del salario mínimo, en la determinación e incremento de las pensiones que se otorgan, a partir del año 2016, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, hechos que han impactado severamente, en el nivel de ingreso de jubilados y pensionados.

Sin embargo, resulta demasiado alevoso por parte del Estado y de las autoridades administrativas correspondientes, la saña con que las medidas anteriores, se han aplicado, causando el empobrecimiento de quienes, durante la mayor parte de su vida, dieron su mayor esfuerzo, empeño, vida e incluso salud, por el bienestar del país y para cumplir, con los requisitos de las leyes de seguridad social, esperanzados a que con el ingreso proveniente de una pensión, tendrían una vida menos desdichada, especialmente en su vejez.

Siempre que al caso viene, he expresado que “en materia de pensiones, lo mejor nunca estará por venir” y, ello se corrobora y se agrava, cuando vemos la forma en que se truncan las esperanza de un justo y merecido cambio legal, en la forma para determinar, las jubilaciones y pensiones.

Y es que, hasta burla parece que, primeramente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya precisado que el uso de la UMA, en materia de seguridad social, es inconstitucional; segundo, de que, una vez sentada jurisprudencia en la materia, ésta aplique, única y directamente, a cinco promoventes e indirectamente, al resto de la población jubilada o pensionada, quien, para intentar hacer valer su derecho, deben de solicitar, por la vía administrativa, el no uso de la UMA y que, al no haber respuesta positiva, deben recurrir por la vía del amparo, para “intentar”, hacer valer un derecho laboral, inalienable.

Pero el ejercicio del derecho antes comentado, se topa en la falta de insensibilidad de un Congreso y/o de sus legisladores, así como también, en la primer Presidencia de la República, donde solo se han concretado a decir, “lo estamos analizando… porque queremos actuar con responsabilidad…”

Pero, pretender revertir el uso y aplicación de la UMA, para sustituirla por el uso del salario mínimo, con los incrementos que los salarios han tenido, durante los años 2019 y 2020, las esperanzas y aspiraciones de la población jubilada y pensionada, se alejan cada vez más, de ser una verdadera realidad.

El costo económico es de miles de millones para el erario público, aun y cuando la aplicación no contemplare, el pago retroactivo del daño causado.

Así, en materia de pensiones, pinta de negro el año 2020.