A nadie debe extrañar que según el INEGI, Quintana Roo haya sido el estado más corrupto del país el año pasado, cuando precisamente lo que campeó en todas las esferas del gobierno fue la más absoluta corrupción, que por supuesto permeó inclusive en el ámbito de las empresas.

Todo lo tocó la corrupción de la administración estatal pasada, y no sólo se han comprobado los desvíos de recursos públicos para enriquecer de manera ignominiosa a la casi totalidad de los funcionarios del gabinete, sino también hay pruebas del robo del patrimonio territorial del estado a manos de verdaderos gamberros.

De igual manera, los trabajadores del gobierno del estado sufrieron las graves consecuencias de la falta de dinero en las dependencias por el saqueo indiscriminado de las arcas, motivo por el cual muchos fueron despedidos o les rebajaron su de por sí raquítico salario.

Como hemos establecido en varias ocasiones en este espacio editorial, no hubo una sola dependencia de gobierno libre de la corrupción de funcionarios venales, mezquinos y soberbios que hoy están huyendo para evitar ser detenidos para que paguen por sus fechorías.

¿Podríamos imaginar lo que sucedería si el candidato a modo del PRI hubiera ganado la gubernatura? ¿Mauricio Góngora hubiera revisado las cuentas públicas, y castigado a los corruptos? ¿Hubiera roto relaciones políticas con quien lo impulsó a buscar el máximo poder del estado?

Obvio que no, y lo más probable es que en los siguientes seis años hubieran arrasado con lo que quedara de Quintana Roo sin mayores miramientos, pero eso sí, más ricos que nunca y pavoneándose ante el mundo, convencidos de que nuestro estado les pertenece.

Si hasta apenas el año pasado fuimos el estado más corrupto del país, llama la atención saber que según el mismo INEGI, en este 2017 Quintana Roo ya ocupa el lugar 15, es decir, que hemos avanzado en el combate a ese flagelo que destruye a la sociedad.

Y no se trata de estadísticas del propio gobierno del estado, sino de un organismo de la federación, de modo que tiene validez oficial para quien quiera consultarlas.

El combate a la corrupción no debe ser una dádiva de ningún gobierno, porque es ante todo una obligación constitucional que hay que cumplir para no ser partícipe de un mal que aqueja a todos los países. Eso sí, se requiere un alto grado de voluntad política para evitar que se sigan dando casos de corrupción en el gobierno, como lo exige la sociedad.

Quintana Roo es más grande que los gobernantes que lo han mancillado y convertido en víctima de su voracidad sin límites para enriquecerse vergonzosamente. Nosotros como integrantes de una sociedad, debemos estar atentos para evitar nuevos abusos contra el patrimonio que es de todos.

Esperemos por el bien de un extraordinario estado como el nuestro, que las nuevas autoridades estén a la altura de los grandes retos que implica vivir en un lugar donde muchos quisieran estar y fomentar un patrimonio familiar.