Alrededor de 50 habitantes de la alcaldía de Nicolás Bravo denunciaron explotación en los trabajos de apertura de brechas para el tramo 7 del Tren Maya, que corre Bacalar-Escárcega, porque además de laborar en condiciones infrahumanas, solo les entregan una parte de su sueldo.

Lorenzo Buendía Castillo, explicó que únicamente les dan dos mil 300 pesos, pero el papel que firman dice que el sueldo debe ser de tres mil 800 pesos. A ello se suma que trabajan desde las 7:00 de la mañana, hasta las 6:00 de la tarde.

Este no es el único abuso que se denuncia dentro del proyecto del Tren Maya. 23 ejidatarios de Alfredo V. Bonfil presentaron dos demandas en contra del proceso de pago de sus tierras para el tramo 4 por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), al calificarlo de “poco transparente y corrupto”.

Ayer se presentaron en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo para solicitar asesoría legal y una investigación sobre estas irregularidades.

Joel Gutiérrez Díaz, otro de los obreros de Nicolás Bravo afectados, explicó que sus capataces los hacían firmar una nómina que tenía “engrapada” y sobrepuesta la sección donde se especifica su sueldo. Sin embargo, hace unos días decidieron retirar dicho papel, dejando al descubierto que su pago real era de 3 mil 800 pesos, por lo que van 12 semanas que les están descontando mil 500 pesos.

En total, mencionó que son 522 mil pesos los que les han robado, negándose las autoridades a darles una explicación sobre el destino de este recurso.

“Cuando lo reclamamos, el ingeniero que nos contrató, que hasta ahora solo se identifica como Palmerín, nos amenazó diciendo que si nos urgía el dinero lo teníamos que aceptar y si no, que había gente de otros poblados lista para trabajar por menos”, declaró Díaz.

Añadió que además de las jornadas de trabajo de 12 horas, para su transportación utilizan una camioneta estaquita en mal estado “como si fueran sardinas”. No cuentan con botiquín ni personal médico en caso de sufrir algún accidente en medio de la selva.

El mismo día, un grupo de ejidatarios bonfileños interpuso un amparo indirecto ante el Juzgado de Distrito con sede en Cancún, en contra de Fonatur  y la Procuraduría Agraria delegación Quintana Roo, por negarse a transparentar la cantidad que se le pagó al Ejido Alfredo V. Bonfil como indemnización por el uso de sus tierras para el tramo 4 del Tren Maya.

Ana Luisa Batún Martínez, abogada y ejidataria, añadió que tres meses después de haberse transferido este dinero a la cuenta personal de su Comisariado Ejidal, aún se desconoce el destino de varios millones de pesos, que nunca llegaron a las cuentas de los demás integrantes del ejido. Solicitaron esta información a la Fonatur, pero el personal se ha negado a darles algún dato.

Por este motivo presentaron un segundo recurso jurídico, una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario, para solicitar la nulidad de las asambleas donde se está acordando la indemnización de sus tierras para su aprovechamiento para el Tren Maya.

“Lo que buscamos es justicia: que se nulifiquen las dos asambleas donde supuestamente se dictó el precio por hectárea y la forma de pago, ya que esos temas ni siquiera fueron tomados esos días, pero en el acta aparece que sí, aunque sin desglosar la información. Hasta que no demuestren transparencia en este proceso, no vamos a seguir permitiendo que se pisoteen nuestros derechos”, dijo doña Ana Luisa Batún.

Añadieron que en caso de ser necesario presentarán denuncias penales en contra del personal del Fonatur involucrado y su propio Comité Ejidal, por fraude.