Juan Carlos Pérez/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- A nivel estatal y federal es necesario adecuar una ley que permita de manera más ágil y rápida quitar los recursos que se lleva la violencia y la corrupción para que sean aplicados en el fortalecimiento de las capacidades reactivas del Estado y para resarcir los daños causados por gobiernos que hayan desviado recursos públicos, propuso el pre candidato a la Presidencia de México por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PEVM) y Nueva Alianza (Panal), José Antonio Meade Kuribreña, durante su visita ayer a Cancún.

Transparencia, mejores mecanismos de control, autonomía de los ministerios públicos para que en su ejercicio deslinden responsabilidades y tener mejores reglamentos no solo para atacar la corrupción sino para la recuperación de los recursos, “eso quiere decir que hay que darle al Estado instrumentos mucho más ágiles, justos y transparentes”, explicó Meade Kuribreña a Novedades Quintana Roo, en un día en el que tuvo diversas actividades, principalmente reuniones con militantes de los partidos con los que aspira ser candidato.

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En entrevista otorgada en un hotel del primer cuadro de la ciudad, explicó que no esperarán en el asunto de la corrupción, “es un tema que reclaman, el marco está corto, hay que hacer un marco jurídico no solamente preventivo sino correctivo, para que no solamente sean recuperados los bienes a nombre del imputado, sino los que disfruta como si lo fueran, regresen al patrimonio público y ayuden a las necesidades que tiene el estado”, aseguró tras ser cuestionado sobre cómo controlar el abuso de gobernadores en el saqueo de los bienes públicos, como es el caso que lleva el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, actualmente preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Ayala, Morelos.

Tras llegar al Aeropuerto Internacional de Cancún alrededor de las 10:30 horas, el pre candidato se dirigió al Asta Bandera del kilómetro cinco de la zona hotelera, donde explicó que harían un modelo basado en casos internacionales exitosos para recuperar los activos de todos los corruptos y los criminales.

La iniciativa la desglosó en tres puntos: confiscar el dinero y todos los bienes de los corruptos; cárcel con pena máxima ampliada para ellos, y una certificación patrimonial obligatoria.