La limpieza y transparencia de los próximos comicios no dependen del INE, del Ieqroo o de una sola persona o institución. Es obligación de todos: partidos políticos, candidatos, organizaciones de la sociedad civil, electores, funcionarios y servidores públicos.

Las generaciones mayores debemos dar el ejemplo de que sí se puede; es nuestra responsabilidad evitar que mañana nos reclamen la apatía, la indolencia, la soberbia y sobre todo la falta de transparencia y honestidad. Reprobemos campañas sucias, impidamos los baños de sangre que ya se empiezan a dar en el país y pregonemos la combinación de la ética y la política.

La transparencia en estas elecciones es tema prioritario la ciudadanía tiene derecho a la rendición de cuentas en las campañas, en las encuestas, en el registro de candidatos, en los informes de los propios partidos, agrupaciones, alianzas y frentes políticos, en los tiempos de transmisiones en radio y televisión y sobre todo en los montos de financiamiento y los topes de gastos de campaña.

Aunque no dudamos en principio de la honradez individual de la mayoría de los políticos y cargos públicos, es evidente que algo falla en el funcionamiento de los partidos y su relación con los ciudadanos.

En ese sentido, es necesario que en nuestro país se cuenten con buenas prácticas que den acceso a la información a los electores y les permitan tomar una decisión informada. Del cumplimiento estricto de esas condiciones, dependerá no sólo el fortalecimiento del prestigio de las elecciones como instrumento fundamental de la democracia, sino del comienzo de un proceso de blindaje institucional que el país necesita imperiosamente.

Antes de la reforma constitucional del año 2014 en materia de transparencia y su implementación mediante la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lgtaip), no existía ninguna obligación por parte de los partidos políticos para transparentar información sobre su funcionamiento y financiamiento, la única forma de acceder a este tipo de información era mediante el Instituto Nacional Electoral (INE).

La transparencia dota de integridad a un sistema electoral, permite que las estructuras institucionales sean ampliamente accesibles, que sus acciones y decisiones sean mucho más comprensibles.

Los candidatos independientes y los candidatos de partidos deben ser transparentes; indudablemente si queremos o exigimos partidos transparentes, los candidatos debieran serlo hasta por sentido común. Los partidos políticos son los sujetos obligados más escrutables con más de 70 obligaciones de transparencia y que corresponde al INAI y a los órganos garantes de los estados vigilar e inspeccionar su cumplimiento al cien por ciento. Por lo que hace a las autoridades electorales, la Ley General mandata la publicación de información relativa al registros de candidatos, montos de financiamiento y topes de gastos de campañas, informes presentados por los partidos políticos, cómputos totales, monitoreo de medios, resultados y declaraciones de validez. El acceso a la información electoral es un derecho constitucional que se ha logrado por el compromiso y la lucha de muchos mexicanos.

Es crucial conocer quiénes son los candidatos y cuáles son sus propuestas. Los ciudadanos somos los actores centrales en una contienda electoral, es nuestra voluntad la que define la elección en el ejercicio de corresponsabilidad con la democracia nos corresponde a los electores consultar la información para poder decidir el sentido de nuestros votos.