En el país, por lo menos una decena de empresas son concesionarias para la medición, facturación y cobro del agua potable y la queja generalizada en las diez ciudades donde operan o han operado son los altos cobros y el mal servicio; ante ello, desde el Senado de la República, al inicio de la Cuarta Transformación Republicana, se anunció que eso no ocurrirá más, sin especificar la manera en que lo evitarán; sobre todo cuando el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su actual canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, ampliaron ambos las concesiones de las cuatro empresas que operan actualmente en la Ciudad de México, en sus respectivos períodos de gobierno.

Desde septiembre de 2018, el senador Martí Batres Guadarrama anunció y presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 1, 4, 9 y 12 y se deroga el Capítulo II: “Participación de inversión privada y social en obras hidráulicas federales” de la Ley de Aguas Nacionales por el que se prohíbe la privatización del servicio de agua potable, la cual por cierto fue bien recibida por entidades como Quintana Roo, cuyo gobernador, Carlos Joaquín González, denunció desde el inicio de su gestión, que la concesión ampliada a la empresa DHC Aguakan, por la administración de Roberto Borge Angulo, fue irregular, el concesionario pagó más de mil millones de pesos, los cuales fueron desviados de las arcas públicas.

Aguascalientes, Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Saltillo y Navojoa, son las ciudades en donde operan o han operado concesionarias; en el estado de Quintana Roo, de acuerdo a la concesión otorgada, trabajarán hasta el año 2053; el peor de los ejemplos, pero también López Obrador extendió en su momento las concesiones por cinco años, de 2004 a 2009; y Marcelo Ebrard lo hizo de 2009 a 2014 y Miguel Ángel Mancera hasta mayo de 2016.

Ahora Morena ha propuesto la prohibición, pero la iniciativa de Batres Guadarrama no ha sido aprobada y, sobre todo, en el documento no se establece ningún artículo transitorio que establezca la reversión de las concesiones ya existentes y se designe algún presupuesto extraordinario para indemnizar a las empresas operadoras, que evidentemente se aferrarán –como ocurre en tierras quintanarroenses- a los contratos obtenidos, sea de manera lícita o a través de sobornos.

En Quintana Roo, la senadora Maribel Villegas Canché –de Morena- ha iniciado una pugna de carácter político, señalando atrasos deliberados en la cancelación de la concesión a Aguakan; a grado tal que el mandatario estatal anunció en días anteriores que solicitará apoyo al gobierno federal para lograr que Aguakan deje de operar en la entidad; aunque hay visos de discordia, el objetivo de ambos parece ser el mismo, ante lo cual, más allá de la “raja política”, no existe razón alguna para el esfuerzo separado. Si esto es así, ahora la última palabra la tendrá la Federación, que deberá empujar a través del Senado la iniciativa en cuestión, pero en todo caso también deberán enfrentarse los juicios mercantiles de manera conjunta, entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Carlos Joaquín González, pues la norma no puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio, a menos que se demuestren violaciones a los acuerdos signados.

Aun así, por muy “innombrable” que resulte la concesionaria Aguakan, pudiera tener que ser indemnizada, contemplando esa posibilidad, ambos niveles de gobierno tendrán que contemplar los recursos a pagar, sean de las arcas públicas o recuperando lo desviado de las mismas, para lo cual urge también que la Federación resuelva los juicios pendientes contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo, con lo cual Quintana Roo ganará con esa “carambola de dos bandas”, aplicando la ley a los saqueadores y deshaciéndose de una empresa que agravia a los ciudadanos; la palabra la tiene el gobierno federal, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.