El gobierno federal cobrará gravámenes a actividades que antes estaban libres de ellos, pero no transferirá más dinero a las entidades federativas; en contraparte, estas resolverán ese déficit presupuestal, con medidas de austeridad y con la creación de impuestos estatales y el incremento a licencias y derechos ya existentes. Es decir, al final el que paga siempre es el ciudadano de a pie, ¿pero qué recibe a cambio de mantener gobiernos extractivos?

En el discurso frívolo se asegura que no se “crearon” impuestos, en todo caso, los que se cobrarán a partir de 2020 simplemente estaban inaplicados, pero para el vendedor ambulante, a la ama de casa que completa su gasto con ventas por catálogo, a quien renta una casa a través de una plataforma digital para poder educar a sus hijos, poco importa si el impuesto es nuevo o sólo entra en vigencia, al final los gobiernos, cualquiera que sea su nivel, inhibe la actividad económica realizada al gravarla. Y no, eso no es cumplir con la palabra.

En lo local, por ejemplo, la XV Legislatura modificó hace apenas dos meses la fórmula de aplicación del Impuesto de Saneamiento Ambiental, al tasarla en un 30 por ciento de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), cuando antes se especificaba que sería de veinte pesos por noche de hotel ocupada, eso en automático incrementó en un 40 por ciento la recaudación, pero en un entorno de desaceleración del turismo por fenómenos como el sargazo o la inseguridad, hace que la industria hotelera pierda competitividad al hacer más caras las habitaciones; ese es el mejor ejemplo de tener una actividad extractiva por parte de los municipios, cuando no regresan vía servicios lo que ingresan.

Y así, el gobierno federal redujo en su proyecto de paquete económico los presupuestos destinados al campo, los créditos ganaderos, al turismo, a la infraestructura, los programas de empleo temporal, los de jornaleros agrícolas, los destinados al desarrollo de los pueblos indígenas, los comedores comunitarios; pero además reduce los presupuestos estatales, como los recursos del Ramo 33, del ramo 28, que sirven para obras estatales y hasta lo asignado para reforzar la seguridad. ¿En qué se aplican entonces los recursos? En becas y pensiones, en programas como “Sembrando Vida” o el Tren Maya; eso equivale a alimentar a un niño a base de golosinas. El niño estará feliz, aunque a la larga tenga destruida la vida.

A toda esta andanada de impuestos y recortes federales, deberán sumarse los cobros que determinen instrumentar las entidades federativas, en Quintana Roo se ha descartado el regreso de la tenencia vehicular, pero los incrementos en derechos y licencias o la verificación vehicular por tantos años postergada, ya rondan las hojas del presupuesto local; “por el bien de todos, primero los pobres” en pagar impuestos, en aguantar los incrementos, en soportar que no haya servicios públicos de calidad; primero los pobres en soportar discursos que aseguren que todos están “requetebién”, aunque todo vaya “requetemal”, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.