“Y no me vengan con que la ley es la ley”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una declaración ciertamente aventurada y apresurada, pero no por ello exagerada ni falsa.

Fueron muchos, millones de mexicanos quienes al escuchar tales palabras del mandatario nacional se rasgaron las vestiduras, no daban crédito a tal “blasfemia”, como si en México en verdad existiera una ley, una justicia que sea respetada.

Dicen por ahí que en este país las leyes son para burlarlas, para brincarlas, para desobedecerlas, mientras que otros se pavonean argumentando que “México es un país donde prevalece el Estado de Derecho”.

¿Será?

Ejemplos de lo contrario hay muchos, miles, millones a lo largo de la historia y en la actualidad. Casos lamentables, historias penosas de gente que ve frente a su nariz cómo la ley, la forma en que la justicia es una simple letra muerta… y se roban su libertad, su vida.

Y lo peor es que de esta manera, aquellos encargados de hacer que la ley sea respetada, de impartir justicia, son quienes se tapan los ojos. Jueces, magistrados y ministros son los primeros en pasarse entre las patas lo que dicta la ley.

No es noticia que las cárceles, los penales de todo el país, de todo el territorio nacional están infestados de gente inocente o bien de personas que debieron salir de prisión desde hace años y que ahí están, en cautiverio, porque aquí la impartición de justicia no es pronta ni expedita, no, es todo lo contrario.

Como decimos, casos hay miles, millones, y nos preguntamos ¿Si esos atropellos les suceden a ex gobernadores o a líderes sindicales que pueden pagar abogados y que tienen nociones de lo que marca la ley, qué se pueden esperar los ciudadanos de a pie?

El caso de Rosario Robles, ex jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal, es una prueba fehaciente. La ex funcionaria lleva tres años tras las rejas, cuando no debería ni siquiera haber pisado la cárcel, por la sencilla razón de que no se le ha comprobado nada, la supuesta Estafa Maestra no ha sido confirmada. Y aun así la ley marca que su situación debió aclararse a los dos años… lleva tres, y nada sobre su futuro.

Una situación similar le ocurrió al dirigente cetemista en Quintana Roo, Isidro Santamaría, a quien capturaron acusado de trata de personas, cuando tampoco se le comprobó nada, más que la supuesta denuncia de dos personas que, todo parece indicar, ni siquiera existen.

Y lo mismo. Al ser turnado al juzgado, le dictaron prisión preventiva oficiosa de dos años –como lo marca la ley-, mientras demuestra su inocencia. Pasaron más de tres años y logró salir bajo fianza, luego de múltiples esfuerzos que fueron desechados por los jueces.

Es un hecho que en México, toda persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y para ello pueden tardar muchos años, sin importar a los jueces ni a las fiscalías el despedazar vidas –de los prisioneros y de sus familias-.

El colmo es que en este país, los miembros de la policía de los tres órdenes tienen fijada una cuota de detenciones mensuales que deben cubrir y presentar a los detenidos –culpables o no- ante las las corporaciones, luego ante el ministerio público de las Fiscalías, para finalmente ponerlos a disposición de los juzgados, a fin de iniciar su proceso penal.

Las preguntas son: ¿Los encargados de impartir justicia a quién le rinden cuentas? Supuestamente al Consejo de la Judicatura, pero este organismo depende del mismo Poder Judicial. Entonces ¿Quién le imparte justicia a quienes imparten justicia?

Nadie, por eso hacen de la justicia lo que les viene en gana.

Y en los extraños casos en los que se reconoce un “error”, para ellos basta un: “Usted disculpe”, como si con ello le devolvieran al inocente los años de vida tirados tras las rejas.

Ahí está la más apestosa podredumbre de este país.