A pesar de que Quintana Roo fue el octavo estado con mayor participación en la consulta de revocación de mandato con veinte por ciento de los electores que acudieron a las casillas –lo que no deja de ser una votación muy pobre y que aleja al estado de la cúspide lopezobradorista–, el interés en el ejercicio fue verdaderamente muy bajo a nivel país.

En nuestro estado, la oposición al partido del gobierno federal ha venido avanzando en estas semanas y, como opinan varios analistas, la abstención puede bien considerarse como voto en contra de Andrés Manuel López Obrador, lo que también podría entenderse como un avance de la coalición PAN-PRD, encabezada por Laura Fernández Piña (y sus pequeños adláteres diseminados por doquier).

Eso que son muchos, también, los que opinan que lo sucedido el domingo fue un gran triunfo para el presidente: no toman en cuenta que prácticamente solo acudieron a los puestos de votación los incondicionales del político tabasqueño, lo que deja en duda la amplia ventaja con la que arrancó el Morena con sus también muy pequeños aliados. El PRI de Leslie Hendricks Rubio, que parecía haber comenzado con mucho impulso se ha desdibujado bastante, aunque seguramente los votos que obtenga serán resta para Mara Lezama Espinosa.

Si alguien quisiera acusarnos de plagio del artículo de ayer del consejero del INE Ciro Murayama aparecido en Reforma que lo haga alegremente por que nos brindo decálogo de las conductas electorales derivadas de la consulta del domingo que debemos evitar si no queremos que en el futuro próximo se nos desmorone el país por ausencia de democracia. Citamos algunas líneas por si se las perdieron:

“Uno. El incumplimiento del Congreso para aprobar, en el tiempo que él mismo se había dado, la ley de revocación de mandato. No podemos ir a procesos de votación sin reglas claras establecidas con la antelación que dicta la propia Carta Magna.

“Dos. La asfixia presupuestal hacia la autoridad constitucional a cargo de los procesos electorales. El INE solicitó una partida precautoria de su presupuesto por si se realizaba la revocación de mandato, pero recibió el mayor recorte presupuestal de su historia.

“Tres. La pretensión de la Secretaría de Hacienda de ajustar y modificar el presupuesto del INE. El Tribunal Electoral instruyó al INE para que solicitara una ampliación presupuestal a Hacienda. Antes de recibir esa solicitud, en una conferencia mañanera, Hacienda quiso con un power point de cinco láminas decir cómo ajustar el presupuesto del INE. La autonomía del INE también es presupuestal.

“Cuatro. La amenaza de cárcel al árbitro electoral. En una acción sin precedente en la vida democrática de México, la presidencia de la Cámara de Diputados presentó una denuncia penal contra seis consejeros y consejeras electorales y el secretario ejecutivo del INE. Nunca antes se persiguió como un delito a las opiniones y los votos de los consejeros del INE.

“Cinco. Presentación de firmas falsas. La asociación civil “Que siga la democracia” entregó casi 18 mil firmas de difuntos. El desaseo fue tal que el INE encontró que 25 por ciento de los ciudadanos supuestamente firmantes negaron haber dado su apoyo a la revocación de mandato.

“Seis. El intento de inaplicar la Constitución con un decreto de interpretación legislativa. El Congreso quiso saltarse la prohibición constitucional que tienen los servidores públicos de intervenir en la revocación de mandato. El Tribunal Electoral les leyó la cartilla: las reglas del juego no se cambian cuando éste ya inició y ningún decreto hace nugatoria la Constitución.

“Siete. Opacidad en el uso de recursos en campañas propagandísticas. Cientos de espectaculares a lo largo y ancho del país con la imagen y nombre del presidente. Una suerte de campaña presidencial pero que nadie supo quien ordenó desplegar y cuyos recursos siguen siendo de origen desconocido.

“Ocho. Pretender saltarse al Tribunal Electoral. La Sala Superior confirmó como última instancia en materia electoral, una medida cautelar del INE al presidente de la República por violar la Constitución. El presidente de la Cámara impugnó esta decisión definitiva ante la Corte. Es decir, ahora tratan de quitar el carácter de inatacable a las decisiones de la Sala Superior.

“Nueve. Indebida intromisión partidista. La Corte dijo que los partidos políticos no deben inmiscuirse en las campañas de revocación de mandato. Morena violó esa determinación del tribunal constitucional una y otra vez.

“Diez. El presidente, el gabinete, distintos gobernadores y legisladores atentaron contra el deber de neutralidad electoral que les impone la Constitución desde que inició la revocación y hasta el final”.

¿En serio creen ustedes que fue un proceso democrático, a favor de las instituciones del país y que ennoblece al presidente y a su partido? Por favor, díganme en que planeta: fue una encuesta furris.