El gobierno de Estados Unidos ha lanzado un nuevo enfoque para combatir a las cadenas de suministro por las que se trafica el fentanilo y sus precursores químicos. Esto con la finalidad de evitar más muertes por sobredosis y para proteger la salud pública de sus habitantes.

El plan está basado en la Estrategia Nacional de Control de Drogas de la administración encabezada por Joe Biden y Kamala Harris, la cual asegura que en los dos últimos años ha priorizado el acceso a la prevención y tratamiento del consumo de opioides.

La estrategia se compone de cinco acciones primordiales enfocadas a inhibir el tráfico de fentanilo, por el cual han responsabilizado a las organizaciones criminales de México.

Entre estas medidas destaca frenar el contrabando de dinero al por mayor que entra por su frontera sur.

Medidas contra el tráfico de fentanilo

1) “Liderar un esfuerzo global con socios internacionales para interrumpir el comercio ilícito de drogas sintéticas”.

2) La segunda acción consiste en reforzar los servicios de inteligencia a través del intercambio de información. Para ello se debe establecer una coordinación entre el gobierno federal y las autoridades estatales y locales.

3) “Acelerar el trabajo con el sector privado a escala mundial”. Este punto hace referencia al acceso que los traficantes tienen con ciertas empresas comerciales legítimas, las cuales los proveen de capital, materias primas, tecnología y equipos de doble uso que pueden utilizarse para producir fentanilo de manera clandestina.

4) Proteger el sistema financiero. Para que las organizaciones criminales puedan traficar droga y operar sus cadenas de suministro necesitan de dinero “limpio”. Por ello, el gobierno de Estados Unidos indicó que ampliará sus esfuerzos para “desbaratar” las actividades financieras de estos grupos, al aumentar las medidas de rendición de cuentas mediante sanciones.

5) Solicitar al Congreso que refuerce las leyes contra el tráfico de fentanilo al cerrar las lagunas legales para las drogas sintéticas. Esta acción se debe a que los cárteles alteran de manera regular la estructura química de este opioide para evadir la regulación según la Ley Análoga (Analogue Act), que establece controles para este tipo de sustancias.

Aunado a estas cinco medidas, el presidente Biden ha pedido al Congreso una inversión histórica de USD 46 mil 100 millones que serán dirigidos a los organismos del Programa Nacional de Control de Drogas, con la finalidad de reforzar esta nueva estrategia.

AMLO y el fentanilo 

La realidad no puede ser más elocuente e indeseable. Andrés Manuel López Obrador en fecha muy reciente envió una misiva diplomática al presidente de la República Popular China, el Señor Xi Jinping, quien también ejerce como Secretario General del Comité Central del Partido Comunista, donde le pidió su apoyo para evitar la exportación a México de fentanilo y a consecuencia de esa estulta solicitud de ayuda se desató una innecesaria confronta entre dos poderosos países.

Don Luis de Gonzaga y Sevilla+ quien en su momento fuese el presidente Decano de la renombrada Academia Mexicana de Derecho Internacional, ante diversos foros universales en el ayer expuso: “La mayor parte de los problemas políticos tienen implicaciones de carácter internacional. Sin contar que las confrontas entre los estados revisten un carácter marcadamente político. Los problemas de la política y el Derecho en el orden internacional, se deben de mesurar para impedir conflictos entre las naciones”.

En el dos mil veintitrés y dada la celeridad con la que actúan las redes sociales nos permiten día con día estar enterados de las vicisitudes de la política internacional y medidas sobre sus posibles repercusiones.

El fentanilo, las disputas entre las naciones de la comunidad internacional, la intromisión de gobernantes en la política de otros estados y mil problemas más, resultan hoy creadores de factores de inquietud que deben ser resueltos ipso facto, la más de las veces, evitando impertinencias en las políticas internacionales para con ello agravar conflictos entre países con armas poderosas.

Es por ello, que la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, tiene que insistir, que los actos políticos de la Cuarta Transformación de la nación proyectados en lo interno o en lo externo, deben de ser mensurados por las repercusiones insospechadas que tienden a crear y las cuáles pueden dar génesis a desordenes que pueden alterar el entorno de la paz mundial o debates entre los estados innecesarios por desavenencias ideológicas. Por algo el presidente Manuel Ávila Camacho solicitó la instalación de teléfonos directos ante los representantes en México de la comunidad internacional.

En la actualidad el Estado Mexicano debe de reconocer que la Comunidad Internacional se encuentra acosada por corrientes ideológicas que amenazan destruir la paz mundial, es por ello que obligadamente Andrés Manuel López Obrador debe volver sus ojos al Derecho Positivo Mexicano, como la única esperanza para normalizar las situaciones irregulares vinculadas al fentanilo, como lo son la corrupción en aduanas, la implementación de políticas adecuadas para combatir la narco-delincuencia, estrategias y personal altamente capacitado para evitar la introducción de ese tipo de precursores químicos a los Estados Unidos Mexicanos, combate liso y llano al narco-político que dio origen a las alianzas con cárteles delictivos.

A menudo, las imprudencias protocolarias, producen enfrentamientos internacionales innecesarios.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C. 

El México pensante

El lenguaje de Andrés Manuel López Obrador, desde su púlpito mañanero es a todas luces tan impreciso como el de la política que practica en temas de justicia. Hay conceptos como honestidad, independencia, Fiscalía General de la República, delitos, jueces y otros similares que varían en sentido diverso el espíritu y letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En concepto de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., el problema de la terminología política y jurídica que emplea el actual Poder Ejecutivo Federal arroja datos interesantes sobre la sinrazón de sus conceptos en torno a la justicia.

El presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos tiene (según su entender) la imperiosa necesidad de emplear un lenguaje impreciso, lentito, incongruente para realizar su proselitismo político-electoral a fin de pretender dar continuidad a su proyecto de Gobierno. El señor licenciado Don Carlos Eduardo Villamata Paschkes, refiere que “En México no han sabido (refiriéndose a los seguidores del presidente) ver muy bien esa singularidad con ojos puros y veraces. Tienen una propensión excesiva a ser engañados con frases como justicia en ésta transformación o la seguridad que existe en ella”.

El México pensante sin embargo, tiene una intuición y percepción diferente o un sentido especial para juzgar adecuadamente a su presidente y para criticarlo cuando percibe una falacia que no beneficia a la justicia de nuestro México o para denostarlo y/o satanizarlo cuando juzga su labor incongruente e inconducente. Hay un aspecto grotesco y risible en la política de Andrés Manuel López Obrador que ese México que piensa sabe aquilatar muy bien.

En ésta época -como en la del neoliberalismo- la política tiene más de engaño que de veracidad. La política que ingeniosamente llama cierto sector “política en la justicia”, consiste en decir falsedades con apariencia de veracidad. El mismo Carlos Villamata antes citado, al respecto agregó: “Nadie que haya pensado de las relaciones de justicia con el ejecutivo, estará dispuesto a creer que en la actualidad se encuentra saciada la sed de justicia”. La mayor parte de los conceptos expresados por el actual Presidente de México son, todo menos que congruencia, no resultan ser guías para la justicia que nuestra Nación requiere, por lo general resultan alejadas de esa justicia que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.. 

El  AIFA  es inoperante

Los vuelos que registra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), demuestran claramente como este nuevo aeropuerto ha resultado inoperante.

Tal como anteriormente ya se había mencionado, los bajísimos vuelos que registra solo están dejando mal a aquellos que se ufanaron en decir que esto era necesario para el país. 

En su primer año de operación, el AIFA recibió apenas 1.3 millones de viajeros, con lo que quedó 46 por ciento por debajo de la proyección original, la cual era de 2.4 millones de pasajeros.

Pero el tiempo es el que tiene la última palabra, y ahí se verá si vamos de menos a más, o, de más a menos. 

4T paga por cada ‘médico’ cubano 145,000 pesos al mes   

En mayo de 2022, el senador Julen Rementería, acusó que el Gobierno Federal estaría pagando por cada médico cubano hasta 145 mil pesos al mes, mientras que a los médicos mexicanos se les paga en promedio 17 mil pesos dentro del sector salud.

Durante una comparecencia ante el Senado, el legislador hizo un reconocimiento al pueblo de Cuba, pero arremetió contra el Gobierno Federal, ya que denunció que se está privilegiando el trabajo a los médicos extranjeros, mientras que a los nacionales se les relega:

“Vinieron a hacer labor de supuestos médicos, pero que traigan sus títulos, (comprueben) que estoy diciendo mentiras. Vinieron a este país personas que no pudieron acreditar que eran doctores. Ni una dependencia (de Salud) del gobierno Federal se atrevió a contestar la información. La reservaron rápidamente. ¿Por qué? Porque claramente no eran médicos”, denunció.

El senador dijo que desde la presidencia se estaba gestando un nuevo robo al pueblo mexicano: “Y estaban pagando por cada uno de ellos, ¿saben cuánto al mes? 145 mil pesos, cuando un médico mexicano gana aproximadamente 17 mil pesos. En este intento de robarle al pueblo de México desde la mismísima presidencia de la República, lo que quieren es contratar, otra vez, a 500 médicos. O más bien, a 500 cubanos, y lo digo con el alto respeto que le tengo a todo el pueblo de Cuba”.

Rementería dijo que en México hay miles de médicos que están siendo marginados y que se necesita que los tomen en cuenta; una doctora en redes sociales pidió al gobierno de Obrador ser responsable con los médicos mexicanos, ya que son más de 57 mil profesionales que no tienen empleo.

Sin embargo, este monto ya sería menos, según dijo la conductora de noticias en el Canal AméricaTeVe -en un comentario que se convirtió días después en trending topic- ya que se les estaría pagando solo 5% del apoyo real.

La columna editorial de la conductora, en la critica la gestión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de Canel por el escándalo de los médicos, se volvió trending topic en días pasados.

“(Dentro del) abuso sistemático de una dictadura que huele a muerto y que lleva 63 años castigando a su pueblo, sin libertad, con éxodo y con miseria. Lo que indigna es que sea tan hipócrita (el gobierno de Obrador) de suscribir acuerdos de salud, con una dictadura que trafica con los médicos cubanos como esclavos en pleno siglo XXI. Serían enviados a México 500 para trabajar por un 5%; (mientras que) el 95% le es pagado a la dictadura para pagar su revolución”.    

De ser cierto el monto, de los 145 mil pesos que el gobierno de Obrador destina a cada enviado sanitario de Cuba, se le pagaría a cada representante sanitario la cantidad de 7,250 pesos por cada mes de trabajo, independientemente de que acrediten ser o no médicos titulados.

Cabe señalar que Cuba ha destacado por su labor y sus adelantos en medicina a nivel internacional con sus clínicas y servicios de primer nivel, mientras que las libertades civiles están acotadas en ese país.

Con información de América TV Canal 41 de Miami, Senado de la República y la BBC. 

Y así es como pensamos muchos mexicanos, si son médicos o no los cubanos que llegaron a México, porque más bien pareciera ser como “una invasión planeada” entre Cuba y el actual gobierno mexicano.

La Secretaria de Relaciones Exteriores debería tener y mostrar un reporte que identifique claramente quienes son, que estudios académicos tienen y por cuanto tiempo vienen a nuestro país, así como también un listado que señale cuántos extranjeros, con ese tipo de raíces comunistas, existen ya en el país y cómo es que entraron a territorio mexicano.

Todo extranjero debe demostrar cuál es su status migratorio, ya que de no estar en forma legal, esto no es aceptable por la Constitución, por la paz y por el bienestar de la república. 

¿Por qué los servicios migratorios mexicanos han estado en manos de empresas extranjeras? 

Los servicios de vigilancia y seguridad en los centros y estancias migratorias mexicanas, estuvo en manos de Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V. (Seicsa), una empresa constituida en 2005.

La documentación oficial de esta empresa señaló que quien se registró como su titular es Elías Gerardo Valdés Cabrera, nombrado como cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila (febrero de 2021) y en Nuevo León (enero de 2023).

El registro de marca de Seicsa fue aprobado en junio de 2018 por el IMPI y tiene una vigencia hasta marzo de 2028. Otra persona mencionada en los registros de la empresa es José de Jesús Hernández Ramírez, quien aparece como apoderado.

El INM suscribió un contrato con Seicsa, por adjudicación directa, el 3 de enero de 2019, con vigencia al 31 de diciembre de 2019, Para la vigilancia y protección de sus inmuebles, por un monto de 272 millones 646 mil 200 pesos y contemplaba que Seicsa proporcionaría, para las distintas labores de seguridad, un total de 11 mil 893 trabajadores.

No obstante, según expedientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Seicsa no tenía a ningún trabajador registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que, en lugar de proveer directamente al personal, lo subcontrató a través de la empresa Business Anywhere Solutions S.A. de C.V.

También por adjudicación directa, en 2021 el INM le pagó a esta empresa hasta 180 millones de pesos, vía transferencia electrónica, a cambio de “servicios de vigilancia, protección y seguridad a los inmuebles del Instituto” en 25 estados del país, incluido Chihuahua.

Aquí la pregunta es, ¿cómo así es que al cónsul de Nicaragua, o sea un extranjero, le dieron una concesión para poder operar muchos de los centros de migración del país.

Este tipo de acciones demuestran, en todos los sentidos, la falta de respeto que existe por parte de los actores políticos, y con ello también “han logrado” que por ahora México se encuentre catalogado como uno de los países más corruptos del mundo.

Y, ¿Eso era acabar con la corrupción?

Por eso es que también quieren acabar con el Instituto Nacional Electoral, con el INE, para que toda acción que cometan quede impune, para que las violaciones y los robos no se le adjudiquen a “la banda de los 4T”, porque hasta ahora lo más impresionante es la corrupción, el robo y los asesinatos que existen a todo lo largo y lo ancho del país.

No puede ser que los mexicanos no reaccionen y sigan en un status quo. Saecula saeculorum

Abran los ojos y rescaten a México antes de que sean esclavizados por ideas leninistas marxistas. 

La seguridad de 7 dependencias de gobierno cuesta mil 550 millones de pesos

En 2023, siete dependencias y organismos del gobierno federal pagarán hasta mil 550 millones 861 mil 454 pesos por concepto de subrogación de servicios de vigilancia y protección en sus instalaciones, otorgados en diversos contratos a corporaciones de policía auxiliar y servicios privados de seguridad.

Los contratos se realizan ante la falta de elementos de servicio de protección para la vigilancia de las instituciones federales, como lo explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del 3 de abril.

Uno de los organismos, el Instituto Nacional de Migración (INM), pagó 280 millones de pesos a una empresa de seguridad privada y a la Policía Bancaria e Industrial para vigilar representaciones en algunos estados y en la Ciudad de México.

Este monto se divide en dos contratos, uno para Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A. de C.V., del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2023, con un costo mínimo de 76 millones de pesos y máximo de 190, IVA incluido.

Dicho servicio está destinado a Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El 31 de marzo, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que este contrato será rescindido tras lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde perdieron la vida 40 migrantes.

El otro contrato del INM es para la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México para “seguridad y vigilancia para los inmuebles del sector central y oficinas de representación en la capital mexicana y Estado de México del INM”, con un costo, con IVA, de 90 millones de pesos, del 1 de marzo al 31 de diciembre.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contrató al Servicio de Protección Federal por un monto de 761 millones 399 mil 298 pesos sin IVA, del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2023, como detalla el contrato número 019N04923-001, con título Servicio de protección, vigilancia y seguridad para instalaciones estratégicas del IMSS.

Otra de las dependencias es la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que en dos contratos para vigilancia de sus instalaciones pagará 282 millones 570 mil 836 pesos por un año.

Como se detalla en el contrato Servicio de vigilancia de los inmuebles que ocupa la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, oficinas de pasaportes metropolitanas y oficinas de pasaportes foráneas, así como diversas misiones extranjeras, con código 2943330, se pagó a la Policía Auxiliar de la Ciudad de México 154 millones 316 mil 42 pesos con IVA, del 13 de enero al 31 de diciembre de 2023.

En otro contrato, la SRE pagará al Servicio de Protección Federal 128 millones 254 mil 794 pesos sin IVA, según lo estipula el contrato Servicio de seguridad y vigilancia de los inmuebles que ocupa la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Cuidad de México, oficinas de pasaportes metropolitanas y oficinas de pasaportes foráneas, así como diversas misiones extranjeras, con código 2943385, por el mismo periodo.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) gastará en dos contratos 197 millones 836 mil 881 pesos este año.

A la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, como detalla el contrato 2964911, Contratación del servicio de seguridad, vigilancia y custodia de inmuebles, muebles y equipo de la SEP, se le pagarán 191 millones 572 mil 101 pesos, IVA incluido, para el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre.

También contrató a la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, como detalla el contrato 2964915, Contratación del servicio de seguridad, vigilancia y custodia de inmuebles, muebles y equipo de la SEP, por 6 millones 264 mil 780 pesos, con IVA incluido.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también requirió el servicio de vigilancia en sus instalaciones para el presente año, como se indica en el contrato 2932521 para el Servicio de Protección Federal, con un costo de 14 millones 723 mil 735 pesos, IVA incluido, del 1 de enero al 31 de diciembre.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contrató a Protección Águila Real de Seguridad Privada S.A. de C.V. por un monto de 8 millones 897 mil 235 pesos con IVA incluido, como lo estipula el contrato Servicio de protección y seguridad integral para el interior y exterior de los inmuebles, con código 2962986 para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en cinco representaciones estatales, ha contratado diversos servicios de seguridad pública y privada con un costo de 5 millones 433 mil 469 pesos para 2023.

Entre ellas, la representación de Durango, donde el contrato con código 2959732 detalló que se desembolsaron 2 millones 72 mil 374 pesos a la empresa Veiligheid del Centro S.A. de C.V.

La representación de San Luis Potosí, en el contrato con código 2956021, detalla que requirió al Patronato Ciudadano Policía Urbana, Bancaria e Industrial para los servicios de vigilancia por un millón 306 mil 500 pesos. En la representación de Oaxaca, el contrato con código 2956169 señala que se pagó a la Policía Auxiliar, Bancaria Industrial y Comercial un monto total de un millón 46 mil 335 pesos.

En Tamaulipas, la delegación estatal de la Sader contrató a la empresa SEGUVIC S.A. de C.V. por 726 mil 902 pesos de acuerdo con el contrato 2942983 y la delegación estatal en Chiapas contrató a la empresa Servicios Industriales e Institucionales S.A. de C.V. por un total de 281 mil 358 pesos, según muestra el contrato con código 2934625.

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