Luego de tres años, los diputados locales pretenden relajar las medidas establecidas en la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo y permitir que se siga utilizando materiales considerados como contaminantes y que tardan demasiados años en degradarse.

En comisiones, la XVI Legislatura inició el análisis una iniciativa presentada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, José de la Peña Ruiz de Chávez, donde uno de los principales puntos es modificar el artículo 8 de la citada ley, para diferenciar los tipos de plástico.

Esta medida, abren la puerta para liberar 288 productos plásticos (desde vasos, popotes, charolas, bolsas), actualmente prohibidos en Quintana Roo; solo 22 ya no podrán comercializarse.

La reforma plantea recategorizar como el plástico de “un solo uso”, aquellos productos diseñados para usarse una sola vez; el plástico “biodegradable”, que cuenta con las especificaciones mínimas que demuestren ser susceptibles de biodegradarse, así como el “compostable”, el cual puede ser recuperado de manera orgánica a través del composteo.

En tanto, el artículo 22 puntualiza que si bien en el estado estará prohibida la comercialización de plástico de un solo uso, ahora se exceptuarán aquellos que por motivos de salud, uso médico, cosmético, preservación de alimentos, higiene o inocuidad, “no pueden ser sustituidos por otros materiales por no contar con otra alternativa ambientalmente viable”.

Ley Antiplásticos impacta pequeños comerciantes 

La diputada Tyara Schleske de Ariño, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y encargada del análisis de esta propuesta, reconoció que cuando la Ley Antiplásticos surgió en la Legislatura pasada “se veía muy bonita en papel, pero a la hora de ponerla en la práctica habían muchos temas involucrados que hicieron difícil de aplicarla y terminaron afectado a muchos sectores, incluyendo a los pequeños comerciantes y empresarios”.

El más reciente reporte de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo, señala que a solo cinco meses de que inició la aplicación total de esta prohibición de plásticos se implementaron 200 multas a empresas quintanarroenses, lo que se tradujo en casi 4.5 millones de pesos.