A más de un año de que entró en vigor la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso en Quintana Roo, hasta la fecha no existe ningún reglamento que regule la inspección y sanción de quienes incumplan.

Así lo reconoció el propio titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Efraín Villanueva Arcos, quien añadió que si bien la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos sí establece multas, no se podrán aplicar hasta que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado los dos reglamentos protocolarios.

“Esperamos tener listo uno de ellos a finales de este mes, y el segundo a mediados de diciembre. Una vez que sean publicados, ya podremos realizar sanciones e inspecciones. Sin embargo, esto no impide que los comercios respeten la medida que prohíbe el uso, comercialización y distribución de este tipo de plásticos”.

Aclaró que esta situación no genera un desacato a la norma, ya que si bien la ley entró en vigor el pasado 18 de junio, actualmente existe una pausa por la contingencia sanitaria.

Pandemia de COVID retrasa aplicación estricta de la ley contra uso de plásticos

Lo anterior, tomando que la mayoría de los comercios, principalmente restaurantes, se vieron obligados a ofrecer sus servicios a domicilio o para llevar, por lo que tuvieron que hacer uso de bolsas, cucharas, platos y vasos de unicel, aunque la ley los prohíbe.

“Consideramos que en estos momentos extraordinarios, lo más importante es no afectar la ya de por sí raquítica economía de los negocios, principalmente los pequeños. Por esa razón en el reglamento estamos añadiendo formas de conciliar las sanciones que no afecten a los pequeños y medianos comerciantes, como medidas de amonestaciones sin multas económicas, etcétera”.

Villanueva Arcos reconoció que el principal reto será verificar que cumplan todos los establecimientos, sobre todo micro y pequeños negocios, ya que no cuentan con el personal suficiente para realizar estas verificaciones.

La ley fue publicada en el Periódico Oficial del Estado en junio de 2019 y para su aplicación se dio un período de gracia de un año, el cual venció en junio pasado, aunque por la pandemia se determinó posponer las sanciones.