A casi cuatro años de una Ley de Movilidad que nunca fue aplicada, el Gobierno de Quintana Roo entregó al Congreso una nueva versión que promete poner fin al monopolio del transporte y privilegiar al usuario por encima de los intereses de grupos transportes.

La iniciativa plantea una mayor seguridad para los usuarios, a través de medidas como la geolocalización en tiempo real, botones de pánico, cámaras de video y grabación de voz, conectados al sistema de seguridad pública.

“Esta ley, promueve la libre y sana competencia económica y la igualdad de condiciones entre los prestadores del servicio de transporte. Además, busca darle seguridad a las y los usuarios, a través de medidas, en coordinación con Seguridad Pública”, dijo al respecto la gobernadora Mara Lezama.

El documento fue entregado al Congreso local por Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno, quien afirmó que la propuesta cuenta con el respaldo de sindicatos de transporte tanto públicos como privados, aunque por encima se priorizó el bienestar de los usuarios por encima de los intereses de grupos como taxistas o empresas de plataformas digitales.

Resaltó que la iniciativa instaura la figura de la prestación del servicio de transporte de pasajeros privado a través de plataformas digitales, sin la necesidad de una concesión, pero con la obligatoriedad de darse de alta ante el Instituto de Movilidad de Quintana Roo.

Aunque ya existe un amparo federal que le permite a los conductores de plataformas trabajar en el Caribe Mexicano, la secretaria de Gobierno apuntó que era necesario “dotar de elementos regulatorios específicos para su operación, a fin de que tener un sustento jurídico para considerarlos en los nuevos trabajos de Movilidad”. 

La funcionaria estatal aclaró, sin embargo, que los taxistas también podrán trabajar a través de estas aplicaciones, “priorizando siempre la ley de la oferta y la demanda, considerando que ahora los usuarios prefieren medios tecnológicos para conectarse con los prestadores de servicio”.

Aunque no dio mayores detalles, puntualizó que se establecen sanciones más severas para los conductores de taxi, pero también de plataformas que incumplan o violen las disposiciones de la ley, como la suspensión, cancelación y revocación de la concesión, en caso de taxis, así como del registro, cuando se trate de choferes de plataformas digitales, dejando en claro que se abre la puerta para la llegada de nuevos interesados. 

Cristina Torres mencionó que la proyección es que en un lapso de dos años se pueda implementar la totalidad de estos cambios, a partir de la publicación de esta Ley en el Periódico Oficial del Estado.

Para poder aplicar todos estos cambios, se contempla la creación del “Fondo de Movilidad”, la cual se alimentará no sólo del cobro de un impuesto por cada viaje contratado a través de aplicaciones, con un porcentaje aún por definir, sino que también incluye la posibilidad de que reciba recursos por parte de terceras personas, como empresas, ciudadanos y asociaciones civiles.

La administración de dicho Fondo estará en manos del Consejo Estatal de Movilidad, integrado por titulares del Imoveqroo, integrantes del Ejecutivo Estatal, miembros de sindicatos de taxistas y de plataformas, además de representantes de la asociación civil y ciudadanos, quienes deberán ser electos a través de una convocatoria organizada por el Gobierno del Estado.