Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Diputación Permanente del Congreso local dio entrada a la iniciativa para la abrogación de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, enviada por el Poder Ejecutivo.

La propuesta turnada a comisiones para su análisis y posterior dictamen, señala que desde antes de su promulgación la ley fue duramente criticada por algunos sectores de la sociedad, principalmente de periodistas, quienes fueron difamados y perseguidos desde el gobierno estatal.

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“Los comunicadores, a quienes se les vulneraron sus garantías constitucionales y su libertada de expresión, consideraron una burla encubrir persecuciones y ataques a la prensa, con una ley impuesta y con deficiencias de forma y contenido”, señaló la iniciativa en su exposición de motivos.

Además, el Poder Ejecutivo señaló que el gobierno anterior, después de la aprobación de dicha ley, no realizó ninguna acción para su aplicación, no elaboró su reglamento, no instaló la Junta de Gobierno, no convocó a la elección del Consejo Consultivo y no cumplió con la puesta en marcha del Sistema Quintanarroense de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso local, señaló que el análisis será en comisiones y se complementará con los resultados de los foros de consulta realizados en las ciudades de Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y Cancún.

“No queremos dejar ningún rezago y la decisión será de los 25 diputados, en donde se tomará en cuenta la información y las propuestas vertidas en los foros ciudadanos”, señaló.

Periodistas insisten en la abrogación total de la actual legislación al considerar que se trata de medida implementada por la administración anterior en busca de controlar a la prensa.

“Este H. Congreso del Estado, debe abrogar la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, expedida en agosto de 2014, pues su espíritu fue el de violentar la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, además de restringir la labor periodística en Quintana Roo, lo cual quedó confirmado con la controversia constitucional promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el fallo del máximo tribunal del país, al invalidar varios de sus artículos”, firmaron en un pronunciamiento.