A casi un año de que entrara en vigor la ley que restringe el uso de plásticos desechables en Quintana Roo, éstos se siguen comercializando en las tiendas y utilizando en comercios.

Platos y vasos de unicel, charolas, cubiertos de plástico, popotes, son algunos de los utensilios que los restaurantes y cafés de Cancún todavía utilizan, a pesar de que está prohibido y el incumplimiento amerita sanciones económicas.

La Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, fue aprobada en junio de 2019 y entró en vigor un año después, en plena pandemia.

Ante ello, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) concedió una prórroga para su utilización, a sugerencia de la Secretaría de Salud y siempre que se tratara de materiales biodegradables.

En febrero pasado la propia SEMA informó que el periodo de gracia se daba por concluido, por lo que la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) iniciaría con operativos para dar cumplimiento a las nuevas normas.

Miguel Ángel Novelo, director de la PPA, explicó que las primeras semanas se realizarían apercibimientos a los negocios, advirtiéndoles sobre las sanciones económicas en caso de no respetar la Ley, que ascienden hasta los 3.2 millones de pesos.

En el centro de Cancún, por ejemplo, los establecimientos en la vía pública continúan entregando los alimentos en plásticos desechables. Al cuestionar sobre si se les ha comentado de alguna medida, un comerciante de tamales respondió que no tiene información.

“Luego los del Ayuntamiento son los que vienen, pero no han dicho nada. Yo por si las dudas ya mejor doy todo en platos de estos, aunque son un poco más caros”, dijo en referencia a los biodegradables.

No obstante, este tipo de plásticos también están prohibidos en la Ley estatal, ante la falta de una Norma Oficial nacional que sirva de garantía de que se trata de productos verdaderamente biodegradables, y no solamente teñidos de café.

En noviembre del 2020 el Ayuntamiento de Benito Juárez exhortó a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) a apresurar la aplicación de la Ley, argumentando que la pandemia ha demostrado la urgencia de hacerse cargo de los impactos del cambio climático.

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