El juez federal Javier Aguirre Farfán, adscrito al Centro de Justicia Penal de Quintana Roo, logró una suspensión definitiva contra los efectos de la denominada reforma judicial, la primera medida de este tipo a favor de un miembro del Poder Judicial de la Federación en la entidad.

El juzgador ya contaba con la suspensión provisional desde la semana pasada, medida que, incluso, fue impugnada por el Consejo de la Judicatura Federal dentro del juicio de amparo indirecto que promovió el quejoso.

Este martes, el Juzgado Quinto de Distrito anunció el otorgamiento ahora de la suspensión definitiva a favor del juzgador, quien busca bloquear la reforma judicial que lo obliga a dejar el puesto y participar en la elección extraordinaria del siguiente año, en caso de que desee continuar en el puesto.

“Se concede la suspensión definitiva solicitada”, se lee en el acuerdo dictado este martes dentro del expediente del juicio de amparo indirecto 1014/2024.

Esta suspensión definitiva se suma a otros recursos similares que han promovido jueces y magistrados federales en otras partes del país. Con estos buscan dejar sin efectos el decreto publicado el 15 de septiembre, con el que cobraron vigencia las reformas constitucionales, que modificaron la manera de integrarse el Poder Judicial de la Federación.

En el caso del juicio promovido por Javier Aguirre Farfán fue ingresado para su resolución el pasado 11 de octubre, un día antes de que se hiciera el proceso de insaculación en el Senado de la República.

En tal sorteo, se determinó que los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, del Vigésimo Séptimo Circuito Judicial, con sede en Quintana Roo, tienen que renovarse mediante el voto que se emitirá en las elecciones extraordinarias del próximo año.

Desde entonces, se han iniciado diversos juicios de amparo contra los efectos de la reforma por juzgadores federales con actividad en Quintana Roo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dicho que tales suspensiones son improcedentes contra reformas constitucionales, tal como lo establece la Ley de Amparo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En Quintana Roo entraron a la elección dos magistraturas del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, una ocupada por Aarón Alberto Pereira Lizama, María Adriana Barrera Barranco y otra vacante. También dos del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, una ocupada por María Adriana Barrera Barranco y otra vacante; de dos en el Tercer Tribunal, una ocupada por Jorge Mercado Mejía y otra vacante; además de dos del Tribunal de Apelación, ocupadas actualmente por Tomás José Acosta Ocampo e Iván Benigno Larios Velázquez.