Ayer fueron presentados en Cancún el Mecanismo Federal y la Unidad Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, marcos normativos con protocolos de coordinación y operación para estos grupos “en situación de riesgo”, a juzgar por las estadísticas tanto locales como nacionales. Un día antes fueron mostrados en Chetumal.

Es un momento idóneo por diversos motivos: desde hace algunas semanas se discute si se abroga o modifica una ley en la materia, en un contexto de cambios favorables respecto a lo que antes no existía. Pero más allá de discutir su validez o no, debe prevalecer el fin último de estas iniciativas: la integridad de comunicadores y activistas.

Y es que lo retos son múltiples. Para empezar, la difusión. El marco regulatorio data de 2012, aun cuando muchos desconocen su existencia. Ni hablar de sus bondades o alcances, que son amplias y regularmente efectivas. Sus logros son evidentes en ciertos hechos planteados. De comunicarse bien, habría más confianza.

Además deben afinarse las medidas diferenciadas; que sean efectivas e idóneas. Los representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) insistieron en que cada caso requiere una atención distinta, lo cual supone que la preparación para actuar es tan amplia como compleja. Así, se deduce que debido a la dinámica de violencia en auge es necesario que aquellos, los que brindan la seguridad, sepan auxiliar en tiempo y forma.

También es preciso visibilizar más el fenómeno. Es verdad que los ataques son expuestos con más potencia que otros; sin embargo, ni logra reflejar la situación real de los trabajadores, ni menos concientizar a la población en general, que cabe resaltar, confía menos en cualquier institución.

Sensibilizar a los servidores públicos es otro gran desafío. Desde proporcionar información pública como un acto de transparencia obligado, hasta procurar el trato (una acción recíproca), son labores que deberán permear en cursos, capacitaciones o conversatorios entre las partes involucradas. La misión de comunicar tiene muchos interesados.

Prevenir es la finalidad, pero también castigar. En el encuentro de ambos días más de uno planteó la urgencia de sancionar las conductas que atentan contra estos propósitos. Porque prevenir es difícil cuando el ambiente se desborda, pero cuando no hay castigo para quien agrede, la impunidad perpetúa ese círculo vicioso.

Mejorar las condiciones laborales de los empleados de medios de comunicación y de ciertas agrupaciones, es objetivo impostergable. Ser vulnerables, pero además permanecer en estado de indefensión, es absurdo cuando se analiza con seriedad. En el país son miles los que siguen sin salario digno, sin herramientas y sin las prestaciones.

La coparticipación es acaso uno de los más urgentes. La suma de esfuerzos y, sobre todo, la superación de las dificultades, tienen que ser la motivación de cada jornada. La seguridad no solo depende de la autoridad o de un concesionario, sino de todos los actores.

Hay que celebrar estos acercamientos con las autoridades federales y estatales, y poner manos a la obra.