Prófuga de la justicia desde hace varios meses, la ex directora del extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, sigue dando mucho de qué hablar, pues su nombre aparece en cada rastro de despojo de terrenos y propiedades realizados durante el gobierno de Roberto Borge Angulo.

Por lo visto, la joven ex funcionaria chetumaleña no era un engrane menor de la maquinaria de corrupción del borgismo, pues su participación activa y consciente en el mega fraude cometido contra el patrimonio del estado y su poderosa firma que aparece en infinidad de contratos de compra-venta de valiosos terrenos a precios de ganga, son evidencia de que gozó de mucha más influencia de la que aparentaba.

Y es que para muchos Claudia Romanillos era una funcionaria de poco peso, un peón más en el tablero de ajedrez, pero al destaparse la cloaca del desfalco del gobierno anterior se confirmó que tenía las manos metidas hasta el fondo en la podredumbre, compitiendo en responsabilidad con el escurridizo pez gordo Juan Pablo Guillermo Molina.

La detención de la funcionaria es prioritaria para la Fiscalía estatal, ya que de ello depende en gran medida la posibilidad de comprobar irregularidades en la venta y enajenación de predios propiedad del estado, lo que abriría la puerta a su recuperación.

Sin embargo, la ex funcionaria se hizo humo desde el pasado mes de junio al enterarse que se había librado una orden de aprehensión en su contra, la cual sigue pendiente porque no se ha podido dar con su paradero.

Entre tanto, las pruebas que la incriminan en decenas de operaciones fraudulentas siguen acumulándose, pues continúan apareciendo documentos de presuntos prestanombres favorecidos por el ex gobernador Roberto Borge que pasaron por los tentáculos de Claudia Romanillos.

Bola cantada

Después de propinar un jalón de orejas a los diputados por la designación de la profesionista yucateca Aida León Canto en el Órgano de Control de la Fiscalía, el presidente del Colegio de Profesionistas, Joaquín Oliva Alamilla, fue nombrado como titular del Órgano de Control del Tribunal de Justicia Administrativa.

Su designación era previsible, y no solo por la grilla que desató su reprimenda pública a los legisladores, sino por sus tablas, que lo colocaron desde el principio del proceso como uno de los candidatos más adelantados para esa posición.