Luz verde al secuestro en Chetumal

El telúrico secuestro de una chetumaleña nos despertó de golpe, como un cubetazo de agua tan helada como pestilente.

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El telúrico secuestro de una chetumaleña nos despertó de golpe, como un cubetazo de agua tan helada como pestilente. Siempre creímos que este delito de ponzoña tan sólo podía ser cometido en otros confines, tan lejos de la placentera seguridad de nuestros patios y espacios públicos caribeños.

Este amargo despertar debe serlo para todos los chetumaleños de bien y para nuestras autoridades que siguen convencidas de que los delitos que ocurren en la capital son ocasionales y de bajísimo impacto, a diferencia de Playa del Carmen y Cancún, donde se cuida la imagen turística al menos en el discurso.

Los tres órdenes de gobierno –municipal, estatal y federal– tienen que dialogar y llegar a acuerdos para apretar todas las tuercas, admitiendo sus omisiones y el despilfarro de billetes en el área de seguridad que ha sido tan descuidada en varios sexenios y trienios, enviando guiños coquetos a las criminales nauyacas que aquí encontraron suelo propicio para sus ataques.

Inaceptables dos actos de negligencia y abandono: los nulos patrullajes de las corporaciones estatal y municipal de Othón P. Blanco; lo más grave es que en redes sociales han tundido a los policías preventivos estatales por colocar retenes para meter en cintura a los automovilistas morosos que no han pagado sus derechos por polarizar sus automóviles, acción que ha irritado a cientos de chetumaleños cuyos bolsillos conocieron épocas de abundancia.

Lo segundo: el desperfecto o falta de cámaras de vigilancia que en otras capitales y ciudades son un confiable auxiliar contra los embates delictivos. Por ello sorprende e indigna la falta de tales cámaras que funcionan a la perfección en Mérida, Yucatán.

La colocación de cámaras de vigilancia permite monitorear una ciudad, captando el acto delictivo y permitiendo su rastreo paso a paso. Y sin policías preventivos y cámaras de vigilancia las facilidades son una puerta de par en par ante los desalmados.

Reprochar la voracidad y criminal irresponsabilidad de los priistas del pasado inmediato ya no es defensa válida porque desde hace meses nuestras autoridades tienen la obligación de hacer su tarea, reconstruyendo las áreas de seguridad pública (estatal y municipales) y la Fiscalía General, cuyo cambio de nombre –era Procuraduría de Justicia del Estado– no oculta su acentuado retroceso.

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