En medio de un proceso para la renovación del Poder Judicial de Quintana Roo, el colectivo Madres Buscadoras del estado inició un plantón indefinido en las instalaciones del Poder Judicial del Estado, y el bloqueo de un segmento de la avenida Tulum, frente a este edificio de Cancún, en protesta contra jueces de lo familiar, a quienes acusan de omisiones.

María Patrón Pat, presidenta de esta organización, comentó que tan sólo en el colectivo tienen siete casos juzgados por dos jueces, en el que presuntamente se obliga a los menores a vivir con sus agresores.

“Nos encontramos fuera del Poder Judicial exhibiendo las lonas de estos jueces corruptos, que no están respetando los derechos y la integridad superior del menor. Los venimos a exhibir porque ya nos cansamos de las mesas de trabajo y de las audiencias, porque los jueces se están pasando por el arco del triunfo todos los dictámenes periciales que se han realizado a los menores que sufren violencia familiar y no están respetando los derechos de los menores y los están obligando a convivir con sus agresores”.

Señaló que los jueces tampoco se están escuchando las negativas expresadas por los propios menores, ni otro tipo de evidencia, que muestra que los menores son víctimas de presunta violencia vicaria y familia.

Exigió a las autoridades reconocer esta situación y actuar en favor de las víctimas, pues los jueces de ser responsables de que los menores continúen viviendo en entornos violentos, que podrían ocasionar probables daños psicológicos e, incluso, hasta físicos en los menores.

“Ellos son los que están obligando a los menores a convivir con sus agresores y no están pensando que el día de mañana estos agresores podrían hacerles a estos niños, ¿y quiénes serán los responsables? Es muy fácil lavarse las manos y por eso venimos a señalarlos”.

La activista señaló que tan sólo dentro del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, hay siete casos con expedientes casos de menores que al día de hoy viven violencia vicaria, debido a las omisiones de los jueces.

Muestra de ello, dijo, son los expedientes a cargo de los jueces Carlos Manuel Cohuo Zaldívar y Mabel López Méndez, a quienes señaló de haber favorecido a presuntos agresores, pese a las pruebas presentadas en contra de ellos.

“Estos dos jueces llevan la mayoría de las carpetas de nuestras compañeras y que están sufriendo violencia vicaria. A estos jueces se les han presentado los resultados de los peritos, las palabras y testimonios de los menores y, sin embargo, hacen caso omiso y los están obligando a convivir con sus agresores”.

Por su parte, Isidra Campos, quien también forma parte del colectivo, comentó que los agresores no presentan a los menores para que se les realicen las pruebas psicológicas, pese a ello continúan las audiencias, pero se les sigue obligando a vivir con el agresor.

Por ello, los integrantes de la agrupación anunciaron que mantendrán la protesta, hasta que se resuelvan las omisiones en las carpetas.