Los magistrados del Poder Judicial de Quintana Roo podrán durar en el cargo por un periodo de hasta 15 años, lo que supera en tres años el tiempo en que actualmente pueden ocupar esta posición.

Esto tras haberse aprobado las reformas a la Constitución Política del Estado, para el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia, en una sesión extraordinaria celebrada por el Congreso local.

Como parte de los cambios, también se elimina un magistrado, pasando de 12 a solo 11 los que integran el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo. Además, se eliminó la figura de magistrados supernumerarios.

El diputado Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Justicia, justificó este cambio argumentando que es necesario que el número de magistrados sea nones y no pares.

“Tenemos que tomar en cuenta que con 12 magistrados es posible que se llegue a un empate, lo que podría afectar y retrasar las decisiones del tribunal. Con once, aunque cinco estén a favor y otros cinco en contra de un tema, el onceavo podrá inclinar la balanza”, declaró el legislador.

En cuanto a la estructura operativa del Tribunal Superior de Justicia, se establece un régimen de suplencias de las Magistradas y los Magistrados mediante la habilitación temporal de jueces o juezas.

Y para ser Magistrado o Magistrada del Tribunal Superior de Justicia, se añaden los requisitos de no tener antecedentes penales por violencia familiar, comisión de delitos contra la vida e integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual y violencia política contra las mujeres en razón de género.

Los jueces y juezas ahora formarán parte del Consejo de la Judicatura, un órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial.

Respecto a los jueces, también se impone el principio de la “inamovilidad judicial”, con la cual podrán ser ratificados al término de su periodo para el que fueron designados si se determina que es la persona idónea para desempeñarlo.

Humberto Aldana Navarro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del congreso de Quintana Roo, aclaró que esto no es garantía de impunidad, pues esta ratificación tiene sus límites propios, pues la inamovilidad judicial solo podrá ser efectiva si así lo determinan las evaluaciones y dictámenes correspondientes.

“En otras palabras: si el juzgador realiza un buen trabajo, se queda, porque quedó demostrado que sí funciona. Pero si fue un mal servidor público con denuncias y fallos, entonces se va”, declaró el diputado Aldana Navarro.

Sobre la justicia laboral, se adecuó el artículo 7 de la Constitución local para que la defensa de los trabajadores en conflictos con sus empleados pueda ser otorgada tanto por el Poder Ejecutivo, como por el Instituto de la Defensoría Pública.

Se obliga además a jueces y Magistrados a juzgar con perspectiva de género, así como impartir justicia enfatizando el enfoque en derechos humanos, perspectiva de infancia y de adolescencia. Igual se le impone utilizar un lenguaje incluyente.