A la Secretaría Estatal de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, le llueve sobre mojado. La semana pasada recibió un duro golpe con el destape de un fraude de venta de plazas de proporciones monstruosas que salpica a mandos medios y altos de esa dependencia, tema que sigue al rojo vivo y que dejó tambaleante a la funcionaria, quien sin recuperarse aún del impacto ahora tiene que lidiar con otro problema igual de escandaloso.

Y es que este martes Novedades Chetumal reveló una estela de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado (ASE) por el destino poco transparente de unos 3 mil 200 millones de pesos.

Para mala fortuna de Alejandra Aguirre, en este caso no pudo depositar todas las culpas en la gestión de su antecesor “borgista”, Juan Lorenzo Ortegón Pacheco, ya que los documentos expedidos por la ASF especifican que parte de las observaciones corresponden a revisiones realizadas en diciembre de 2016 y marzo de 2017, es decir, bajo la actual administración gubernamental.

La Auditoría Federal determinó que hasta diciembre de 2016 la SESA tenía un subejercicio de recursos federales del 20.1 por ciento, y para marzo de 2017 el porcentaje disminuyó marginalmente, pues no se habían ejercido el 17 por ciento de los recursos federales transferidos.

Y es allí donde el asunto se enturbia, ya que las carencias en medicamentos, materiales, equipo y personal en los hospitales y centros de salud administrados por la SESA son cosa común, y el pretexto recurrente de las autoridades del sector ante las continuas quejas de los usuarios es la “falta de recursos”.

¿Cómo entender, entonces, que exista un subejercicio tan abultado? La única explicación es que Alejandra Aguirre ha mostrado gran tolerancia a la ineficiencia y corrupción administrativa que reina en la SESA desde el sexenio anterior.

Para rematar, la ASE realizó sus propias observaciones a la cuenta pública 2016 de la Secretaría por 35 millones 192 mil 131 pesos, que si no se demuestra su destino tendrán que ser regresados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues se trata también de recursos federales.

Si Alejandra Aguirre no logra solventar las millonarias observaciones, el daño a las finanzas de la dependencia puede ser tan dañino que comprometería su operatividad para el resto del año, lo que pondría el último clavo en el ataúd de la funcionaria, que hoy por hoy lidera por mucho la lista de candidatos a ser borrados del gabinete joaquinista en el corto plazo.