Cuando se percibió hace meses la complejidad del reto que presenta el arribo masivo del sargazo, sorprendió la poca información disponible; la confusión generada por declaraciones aparentemente cruzadas de quienes se convirtieron en portavoces, y la falta de un plan definido para combatirlo.

Sorprendió más cuando Miguel Torruco, el secretario federal de Turismo, consideró que debía tratársele como asunto de seguridad nacional; el gobernador Carlos Joaquín calculó 800 millones de pesos para la contención, y se conocieron un tanto mejor las diversas propuestas -no todas vinculadas entre sí- para abordarlo.

Estamos, al parecer, ante uno de los desafíos más dañinos. Ni los huracanes ni las pandemias han representado un esfuerzo tan mayúsculo como el previsto con este fenómeno, que inicia en el mar de Brasil y afecta a unos 20 países. Quintana Roo sufre sus consecuencias, desde lo medioambiental hasta lo económico.

En el 2015 pegó con fuerza, los siguientes dos años fueron menores sus embates, pero el año pasado se padeció. Siempre ha habido sargazo (y seguramente habrá), lo que ahora tratan de saber es por qué se ha multiplicado, y mejor será conocer, cómo se mitigará. No cabe duda de que se debe al cambio climático y sus secuelas en los océanos, pero debe haber una causa más específica. De no conocerla en detalle, será un problema permanente.

Por eso cobra importancia resolver en el mismo lugar donde se genera mediante la gestión política local, nacional e internacional; sobre todo, debe ser un esfuerzo transnacional. Pero pronto, por todo lo que está en riesgo.

En el estado las alarmas están activadas. Pese a la confusión inicial y al conocimiento insuficiente, se han encontrado valiosas líneas de acción gracias a la conformación en noviembre del Consejo Técnico Asesor, integrado por más de 70 expertos, entre científicos, académicos y autoridades. El viernes pasado presentaron avances y esta semana podría conocerse un plan concreto.

Además de esa cooperación internacional en la que hacen hincapié, difundieron cuatro sugerencias más igual de impostergables: desarrollar un sistema de alerta temprana con un monitoreo permanente; impedir que llegue a la costa con una contención en aguas profundas, y aprovechar su valor económico de manera sustentable. Son, digamos, las conclusiones de las investigaciones comprobadas. A ellas se suman otras complementarias de orden legal, administrativo, entre otras.

Es una temática que estará durante mucho tiempo en el debate público. Esperemos, entonces, un proyecto que cumpla las recomendaciones y dé más tranquilidad.