La semana pasada se dio a conocer el informe de actividades del Poder Judicial del Estado correspondiente a 2018. Las cifras que contiene el documento son muy reveladoras y dan una muestra del papel fundamental que desempeña este Poder del Estado, pero también de la demanda sostenida del servicio de impartición de justicia en Yucatán, una labor complicada y en la que el papel del juez es de suyo controversial, sobre todo en una época en la que numerosos principios en pro de grupos particulares, como son la niñez, la familia y las mujeres, deben ser protegidos.

El número de asuntos que se inician es quizás un buen indicativo, al menos, de la dimensión de la gran demanda que se mantiene constante e incluso en algunas materias, como es el caso de los asuntos familiares, presenta un aumento sostenido, que de 2017 a 2018 fue de casi 4%.

De hecho, de acuerdo con las cifras del Informe, a la materia familiar correspondió la tercera parte de los 23,887 asuntos que se iniciaron en los juzgados del Poder Judicial del Estado de Yucatán en 2018, pero este porcentaje podría llegar hasta 50% si se considera los iniciados en el interior del estado ante los nueve juzgados mixtos que tiene el Poder Judicial.

Es decir, de todos los casos que se iniciaron en todo el estado, probablemente la mitad de ellos fue un asunto familiar.

Por otro lado, está el tipo de asuntos que las familias dejan en manos de los jueces. En el caso de los que se iniciaron en los 10 juzgados familiares de Mérida, los principales asuntos que se resolvieron fueron divorcios (incausados y voluntarios) que representaron un 35%, así como las problemáticas o conflictos que esto conlleva relativos a los alimentos y otros, tanto de los hijos como del cónyuge, que constituyeron el 34%.

De manera que, como lo muestran las cifras, la compleja materia familiar, en la que se mezclan los sentimientos y se plantean los asuntos más íntimos de las personas, es la que más ocupados mantiene a los jueces del Poder Judicial del Estado, una tarea difícil en la que en muchas ocasiones están involucrados los hijos, para quienes también el Estado debe contar con mecanismos de apoyo más allá de lo que pueden ofrecer los juzgados.

Por ejemplo, el Poder Judicial tiene una modesta unidad de psicología que apoya a los jueces familiares e incluso de otras materias, para evaluar a los menores que eventualmente participarán en un proceso. Tarea delicada y que, si bien se realiza con recursos mínimos, resulta fundamental para que los jueces hagan efectiva la protección de los menores que se encuentran, en ocasiones, en medio de conflictos familiares violentos o destructivos.

Incluso el papel del propio juez, en materia familiar, puede resultar desgastante cuando las partes, en el fondo, se niegan a llegar a un arreglo en bien de la familia o desacatan lo que ya se ha ordenado por sentencia.