De acuerdo con el Observatorio de prisiones de Documenta, organización civil, unas 202,221 personas estaban privadas de su libertad en México, aunque las cifras actualizadas podrían llegar a 255 mil.

Sus condiciones de vida han sido medidas por esta misma organización, apoyándose en diagnósticos oficiales como son la Enpol del Inegi y el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH. Esta medición, denominada INDHEPOL, hace un comparativo de las condiciones de los centros de reinserción social en los estados.

En la página se explica que estas dimensiones y sus ponderaciones fueron Tortura y malos tratos (15%), Condiciones dignas (10%), Corrupción (15%), Hacinamiento (10%), Gobernabilidad (15%), Derechos humanos (15%), Financiamiento (10%), Personal (10%).

Si bien el estado de Yucatán encabezó la lista en esta evaluación, es decir, fue el de mejor resultado de la encuesta aplicada a nivel global, cuando se consultan los resultados por cada una de las dimensiones señaladas el lugar de Yucatán varía.

Por ejemplo, en corrupción retrocede 15 lugares y en el caso de tortura y malos tratos igualmente se aleja 14 lugares del mejor escenario. En el rubro de derechos humanos, el estado vuelve a alejarse de los mejores sitios y retrocede 14 lugares.

Estos resultados, sin embargo, se compensan en el rubro Condiciones dignas, donde ocupa el segundo lugar después de Chihuahua; Gobernabilidad, donde ocupa el tercer lugar; Hacinamiento, donde se ubica en el segundo; Presupuesto, donde ocupa el primer puesto, y personal, donde queda en el quinto lugar.

Estos resultados, según el propio portal, no significan que se puedan echar campanas al vuelo, ya que, explica, se trata de “una medición relativa entre estados, no una comparación contra un estándar absoluto”, lo que implica que el hecho de que un estado tuvo mejor desempeño “no quiere decir que ese estado cumple de manera satisfactoria con algún estándar sobre condiciones de vida mínimas aceptables o que hay ausencia de violaciones de derechos humanos, solo indica que entre todos los estados es el que tenía la mejor situación”.

Hecha la observación, una interpretación de los resultados de Yucatán reflejaría una situación urgente de atender: si bien el estado cuenta con las mejores condiciones físicas, número de personal y presupuesto en comparación con el concierto nacional, ello no ha significado necesariamente un mejor panorama en cuanto a los derechos de las personas en prisión.

Pese a que la visión punitiva de la justicia parece seguir imperando en nuestra sociedad, la realidad es que un panorama así no es conveniente para la sociedad a la que muchas de estas personas regresarán cuando terminen de cumplir sus condenas. Y qué decir de quienes tengan que pasar un tiempo ahí mientras se determina su culpabilidad.