Liberan a Mario Castro Basto
Se comprobó la prescripción del delito por Desempeño Irregular de la Función Pública.
Joel Zamora/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Mario Castro Basto, ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) abandonó, anoche, el Cereso de Chetumal por orden de un juez federal que decretó su inmediata libertad.
Al resolver el amparo 719/2018, el Juez Sexto de Distrito determinó la prescripción de la responsabilidad penal en el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública, que se le imputó en la carpeta administrativa 151/2017 por el caso de VIP-Saesa.
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“Me siento muy contento, como dicen la verdad siempre sale a flote y hoy por fin la justicia federal determinó que no había elementos para que yo permanezca en la cárcel preventiva… voy a disfrutar a mi familia y después consultaré con mis abogados”, dijo Castro Basto al salir del penal.
#NovedadesChetumal Mario Castro reingresó hace un momento al Cereso de #Chetumal para concluir los trámites previos a su liberación. Un juez de control ordenó esta tarde la inmediata liberación del ex funcionario al prescribir el delito que se le imputa en el caso VIP SAESA. pic.twitter.com/Hzeim9CMcS
— Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) 13 de diciembre de 2018
Vestido con jeans, playera tipo polo y tenis deportivos, el ex funcionario dejó la cárcel alrededor 20 horas; cargaba una caja con sus pertenencias, acompañado de su abogado.
Ángel Torres Fritz, defensor, informó que como parte de la protección y amparo se ordenó dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el pasado 25 de agosto.
Explicó que el Juez Federal determinó el delito imputado por la Fiscalía es de naturaleza instantánea y no continuado, es decir, debió ser denunciado dentro de los tres años siguientes al hecho, que ocurrió en el año 2011.
📰#NovedadesChetumal | Mario Castro Basto sale del Centro de Reinserción Social de Chetumal y esto es lo que dijo https://t.co/dS0EOY7b3g pic.twitter.com/UJpUU2N3AW
— Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) 13 de diciembre de 2018
En conferencia de prensa, Rosaura Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, insistió que la autoridad local presentó las pruebas que demostraron la presunta responsabilidad del mencionado en contratos irregulares.
No descartó la posibilidad de recurrir a otra instancia para que se analice el caso, en busca de lograr que se repare el daño causado al patrimonio del estado, estimado en alrededor de 600 millones de pesos.
Recordó dentro del caso se giraron 12 órdenes de aprehensión, de las cuales, cinco fueron ejecutadas, aunque solo dos personas permanecen con medidas cautelares: una con prisión preventiva y otra con resguardo domiciliario.