A casi tres años de implementarse la regularización de los cuartos que se ofrecen como rentas vacacionales a través de plataformas digitales, solo el 37% de los “anfitriones” se han registrado ante la Secretaría de Finanzas y Planeación.

De acuerdo con el secretario de Turismo en Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, apenas 30 mil de estos establecimientos han tramitado su licencia de funcionamiento, lo que garantiza que cumplen con todos los requisitos para garantizar la seguridad de sus huéspedes. Por lo que otros 51 mil operan de manera “irregular”.

Uno de los principales obstáculos para lograr un mayor porcentaje de regularización, es el incremento exponencial de este tipo de negocios en la entidad: para el 2019 la Secretaría de Turismo anunció que el 80% de los entonces 14 mil centros identificados, ya se habían acercado a la Sefiplan para integrarse al Registro Estatal.

Pero desde entonces el número de quintanarroenses y hasta extranjeros con propiedades en el estado, que decidieron ofrecer cuartos o viviendas en Quintana Roo por medios digitales, aumentó en casi seis veces más.

La Asociación de Clubes Vacacionales detalla que son al menos 80 mil las unidades de este tipo que se han detectado en el estado, ya que no solo están incluyendo a las que se ofrecen a través de Airbnb, sino también por otras plataformas como Booking y hasta por redes sociales.

Esta situación fue confirmada por Bernardo Cueto, quien explicó que están tratando de ubicar estos alojamientos que no están dados de alta en ninguna plataforma, sino que se ofertan por medios como Facebook, para garantizar un piso parejo frente los hoteles establecidos, además de verificar que cumplan con todas las medidas de seguridad.

Preocupa la falta de regularización en los hoespajes

La falta de regularización afecta a la imagen de los destinos turísticos, porque se han reportado quejas de turistas quienes señalaron haber sido víctimas de fraude, pues cuando contrataron los servicios de estos alojamientos les aseguraron que tendrían vista al mar Caribe, cuando la realidad es que los cuartos se encontraban en las colonias populares de Cancún y Playa del Carmen.

Además, esta situación también impacta en los ingresos públicos, ya que representa una “fuga” del Impuesto al Hospedaje y otros gravámenes como el de Saneamiento Ambiental.