Mauricio Góngora Escalante se aproxima a la absolución de los delitos por los que fue acusado, tras el otorgamiento de un amparo que nulifica un auto de vinculación a proceso, concedido por un juez de control en 2019 por su probable participación en el delito de desempeño irregular de la función pública. 

El ex candidato a la gubernatura por el PRI promovió una demanda de amparo que lo protege también contra la prisión preventiva.

Dicha demanda de amparo indirecto con número de expediente 347/2019 fue ingresada en 2019, pero fue desechada en diversas ocasiones por el Juzgado Quinto de Distrito, de Cancún.

Finalmente, luego de presentar recursos, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito le otorgó una sentencia a su favor dentro del amparo penal en revisión 102/2020.

Góngora Escalante, quien se desempeñó como presidente municipal de Solidaridad en la administración 2013-2016, desde 2020 sigue su proceso penal en libertad y con este recurso ya no podrá regresar a la cárcel, pues queda anulada el auto de vinculación a proceso con fecha del 28 de febrero de 2019, impuesto por el Juez de Control y Juez de Tribunal de Juicio Oral, radicado en Solidaridad.

En este contexto, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo, acusó a Mauricio Góngora por el delito mencionado debido al otorgamiento de 53 contratos de obra y servicios públicos de manera dolosa; según la carpeta de investigación 53/2019.

La Fiscalía alegó que el otorgamiento de dichos contratos provocó un detrimento a las arcas solidarenses de alrededor de 52 millones de pesos.

Finalmente, la defensa de Mauricio Góngora argumentó en reiteradas ocasiones, de acuerdo con la sentencia de amparo penal en revisión 102/2020, que a Góngora le fueron violadas sus garantías, porque los contratos fueron otorgados conforme a derecho y a la par de las necesidades del municipio de Solidaridad.

Mauricio Góngora fue detenido en enero de 2018 en la Ciudad de México. Luego fue llevado a Playa del Carmen, donde permaneció en prisión hasta agosto de 2020 tras el otorgamiento del beneficio de libertad condicional.

Aún queda pendiente por resolverse la carpeta de investigación 229/2017, por el delito de peculado. En septiembre pasado, entrevistada sobre el tema, Rosaura Villanueva Arzápalo, fiscal Anticorrupción, dijo que los procesos siguen vigentes, pero no puede brindar más información.